Estoy de acuerdo con Mario Silva en su apreciación de que el presidente Maduro ha tratado el tema de la migración de colombianos a Venezuela con la delizadeza y el tacto que merece. Previo al anuncio de la decisión de declarar el estado de excepción en cinco municipios tachirenses fronterizos con Colombia y extender el cierre de la frontera por tiempo indefinido, el presidente tocó un tema que estoy seguro la nación entera esperaba que se tocara desde hace años.
En muchas conversaciones y discusiones de calle en los últimos tres años, hemos reflexionado sobre lo que ha ocurrido en estos nuevos tiempos del proceso bolivariano post Chávez, tiempos complejos por las transformaciones y transiciones traumáticas que atraviesa el país, pero además por un conjunto de factores que hay que reconocer ampliamente al presidente. Y es que, al observar cómo se le plantó cara a la tradicional economía parasitaria del país, cómo se está enfrentando el tema de las bandas criminales y cómo se transformó en gran medida el panorama comunicacional a lo interno del país, podemos decir que a Maduro le tocó enfrentar una serie de situaciones, duras y estructurales, que durante la era de Chávez no hubo tiempo de trabajar en profundidad debido a otros factores y otras prioridades.
Como lo traté en otra oportunidad, aquí no se trata de ser buenos sino de ser justos. Y la justicia no es ni buena y mala, es justicia. Y en nuestro caso, con una economía rentista como la que hemos tenido históricamente y su nefasta capacidad para engendrar mentalidades mafiosas y consumistas, y con un país vecino que ha vivido un conflicto armado, una guerra, por más de sesenta años, la cual ha generado una diáspora de ciudadanos colombianos que no se han venido a Venezuela a hacer turismo chévere sino que han venido a refugiarse de la necesidad y del enseñoreamiento de la muerte en su país, era el momento de tomar determinaciones del caso sin ningún temor, en un contexto regional y mundial de cambio de época donde se discute la Paz de Colombia en una Cuba donde recientemente se izó la bandera yanqui. Léase, que me refiero a cambios históricos, sin consideraciones ideológicas.
A lo largo de la vida, desde épocas de infancia, uno a compartido con los hermanos y hermanas colombianos, desde la escuela, el liceo, la universidad, el vecindario y el trabajo, siempre han estado presentes en nuestra vida, y nadie duda de que nuestras mujeres son las más bellas y que así como se puede decir que el pueblo colombiano y venezolano son el mismo pueblo, también podemos decir que no hay nada tan diferente y antagónico como el Estado colombiano y su dirigencia histórica y el Estado venezolano de los últimos quince años, con su dirigencia formada al calor del proceso que lideró Chávez. Ese Estado venezolano del que hablamos es un Estado que se reconstruyó a sí mismo y lo sigue haciendo por el impulso y el legado que dejó Chávez, y si vamos un poco más allá, podemos decir sin titubeo que es ahora que Venezuela tiene un Estado, una diplomacia activa, una política exterior, una organización consciente de lo que le toca defender con todas las complejidades del caso.
Entretanto, sobre la similitud entre colombianos y venezolanos ¿Cabrá decir que somos tan lo mismo, tan parecidos como lo son uruguayos y argentinos, o tan similares como colombianos y ecuatorianos? Yo diría que somos tan iguales como latinoamericanos somos, pero también somos bastante diferentes.
Como dijo Maduro, a esa migración colombiana debe dársele el nombre que le corresponde: refugiados. Se trata de un problema humanitario de connotación internacional. Porque si no ¿Por qué el tema de la migración mexicana hacia Estados Unidos o la de los africanos hacia Europa es tan sensible internacionalmente ―tratamiento mediático mediante― y el de la masiva y permanente migración colombiana hacia Venezuela se ha tratado ―sí, estoy exagerando un tanto― como un tema de “turismo” hacia el país vecino? Las estadísticas dan cuenta de que hay en Venezuela 5 millones seiscientos mil colombianos, casi el 20% de la población del país, y que en los últimos 10 años se han venido 800 mil, ¿Se vinieron a pasar un rato en las playas de Morrocoy, o es que en su país hay una guerra de la que no se habla, que no se asume, y que ha generado calamidades internacionales como el paramilitarismo?
Yo sí creo que somos el mismo pueblo, y que el presidente Maduro ―como la gran mayoría o la totalidad de los venezolanos― está en capacidad de separar el grano de la paja, y plantear una realidad: que entre esos cientos de miles de colombianos que se han venido a nuestras tierras en busca de la vida digna que en su país no tienen garantizada, se han colado unos cuantos criminales vinculados al narcotráfico y al paramilitarismo, muchos de los cuales han sido detenidos en las OLP que se han llevado a cabo en las últimas semanas.
Venezuela es un país de inmigrantes, y si bien los modernos Estados-Nación se configuraron sobre la ficción de la homogeneidad étnica-cultural de sus habitantes, el hecho es que la nación que habita nuestro generoso país petrolero es una de las más diversas del mundo, una tierra de gracia donde confluyen variedad de religiones, cosmovisiones, tiempos y espacios históricos, y en ese mar de identidades sin melting pot ―otro mito― debe y tiene que haber un orden, un conjunto de normas comunes a todos; si no, no hay Estado y esto es una tierra anárquica, un campamento en el que cada quien y cuando le place, viene y monta su carpa.
En fin, lo menos que se les pide no solo a los colombianos, recién llegados o con toda la vida aquí, sino también a los descendientes de europeos, islas del Caribe, canarios, árabes y chinos, siéntanse venezolanos o no, es que tengan gratitud con la tierra que les abrió los brazos, una tierra que como Brasil o Argentina recibió cientos de miles de oleadas migratorias procedentes de los países "civilizados" donde se habían enseñoreado pestes y guerras. Entonces, estamos de acuerdo con la medida tomada por el presidente; y bienvenidos todos.
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Posturas críticas, reflexivas. Opinión profesional de rasgos independientes. Aportes con sustancia. Contexto despolarizante
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domingo, 23 de agosto de 2015
domingo, 26 de julio de 2015
Luis Vicente León: El control descontrolado
Qué podía justificar la estrategia oficial de concentrar la
distribución de productos esenciales en un pequeño grupo de
establecimientos públicos, que obviamente no tienen la capacidad para
atender la gentamentazón que tendría que pararse frente a ellos para
comprar alimentos esenciales?
Lo más probable es que haya múltiples razones, que incluyen el populismo político y la corrupción. Pero si tuviera que apostar, diría que el motivador principal se encontraba en que los hacedores de política pública de gobiernos controladores suelen creer que los problemas se deben a que no están controlando ni suficiente ni bien. La solución para ellos está en profundizar el control, sin darse cuenta que es precisamente ese control extremo la causa de la crisis. Como planteaba el profesor Ludwig von Mises, los gobiernos intervencionistas comienzan con controles puntuales que desequilibran la economía y entonces profundizan el control para tapar el desequilibrio causado por el control anterior y luego deben controlar más para tapar las nuevas distorsiones de su último control, y luego más y más controles, hasta que el sistema colapsa, sin que el controlador entienda nunca que fue su estrategia controladora la que todo destruyó.
El gobierno venezolano ha basado su modelo de desarrollo en una catajarra de controles de cambio, de precios y de distribución que la historia ha demostrado contraproducentes, distorsionantes y negativos en todo el mundo. Podemos conseguir miles de libros en los que sus fans enamorados explican por qué sus intentos pasados fallaron. Vamos a leer sobre oligarquías, imperios, mala gerencia y corrupción. Incluso algunos culparán al mismo pueblo, a la religión y a los extraterrestres. Lo que no conseguiremos jamás es un sólo libro que explique cómo el control extremo funcionó y condujo un pueblo hacia el desarrollo, el bienestar, la riqueza y la felicidad.
Y entonces, una parte del gobierno no pensó que la vía para evitar la especulación en las bodeguitas de barrio y en los abastos, que ellos no pueden controlar, era que los canales públicos, de los que hay apenas uno por cada quince privados, reciban y distribuyan prioritariamente los productos a nivel nacional.
Afortunadamente, los grupos pragmáticos dentro del Ejecutivo se dieron cuenta que pasar de una autopista de cinco canales, a poner a la gente a comprar en el hombrillo generaría una cola brutal; descubrieron que esa concentración de distribución sólo favorece al bachaquero, que en definitiva tiene como trabajo hacer esa colota descomunal. Se enfrentaron a la realidad de que dejar a ciento trece mil establecimientos sin mercancías significa también dejar a esos comerciantes sin recursos y a sus empleados y a los camioneros que les despachan sin empleos, y a sus clientes con la necesidad de comprar al bachaquero o desplazarse lejos de su hogar para comprar.
Por ahora, la racionalidad prevaleció y la decisión absurda fue revertida, cosa que celebro y estimulo. Pero el problema del modelo intervencionista no está resuelto aún. Seguiremos viendo en campaña la búsqueda de culpables imaginarios. No muere con esto los riesgos de expropiación e intervención para agrandar la cadena de distribución pública, contaminando lo que tanto ha costado crear durante años de distribución capilar. Después de todo, al lado de quienes ideológicamente creen, equivocada pero sinceramente, que el control es la mejor vía, están los que viven de las distorsiones que crean sus colegas comeflor y les permiten la magia de convertir 10 mil dólares de ellos, vendidos en el negro a tasa de página web, en un millón de dólares a 6,30 que algún amigo les pueda dar para “resolver” la crisis de abastecimiento que su modelo de control generó.
ElJoropo
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Lo más probable es que haya múltiples razones, que incluyen el populismo político y la corrupción. Pero si tuviera que apostar, diría que el motivador principal se encontraba en que los hacedores de política pública de gobiernos controladores suelen creer que los problemas se deben a que no están controlando ni suficiente ni bien. La solución para ellos está en profundizar el control, sin darse cuenta que es precisamente ese control extremo la causa de la crisis. Como planteaba el profesor Ludwig von Mises, los gobiernos intervencionistas comienzan con controles puntuales que desequilibran la economía y entonces profundizan el control para tapar el desequilibrio causado por el control anterior y luego deben controlar más para tapar las nuevas distorsiones de su último control, y luego más y más controles, hasta que el sistema colapsa, sin que el controlador entienda nunca que fue su estrategia controladora la que todo destruyó.
El gobierno venezolano ha basado su modelo de desarrollo en una catajarra de controles de cambio, de precios y de distribución que la historia ha demostrado contraproducentes, distorsionantes y negativos en todo el mundo. Podemos conseguir miles de libros en los que sus fans enamorados explican por qué sus intentos pasados fallaron. Vamos a leer sobre oligarquías, imperios, mala gerencia y corrupción. Incluso algunos culparán al mismo pueblo, a la religión y a los extraterrestres. Lo que no conseguiremos jamás es un sólo libro que explique cómo el control extremo funcionó y condujo un pueblo hacia el desarrollo, el bienestar, la riqueza y la felicidad.
Y entonces, una parte del gobierno no pensó que la vía para evitar la especulación en las bodeguitas de barrio y en los abastos, que ellos no pueden controlar, era que los canales públicos, de los que hay apenas uno por cada quince privados, reciban y distribuyan prioritariamente los productos a nivel nacional.
Afortunadamente, los grupos pragmáticos dentro del Ejecutivo se dieron cuenta que pasar de una autopista de cinco canales, a poner a la gente a comprar en el hombrillo generaría una cola brutal; descubrieron que esa concentración de distribución sólo favorece al bachaquero, que en definitiva tiene como trabajo hacer esa colota descomunal. Se enfrentaron a la realidad de que dejar a ciento trece mil establecimientos sin mercancías significa también dejar a esos comerciantes sin recursos y a sus empleados y a los camioneros que les despachan sin empleos, y a sus clientes con la necesidad de comprar al bachaquero o desplazarse lejos de su hogar para comprar.
Por ahora, la racionalidad prevaleció y la decisión absurda fue revertida, cosa que celebro y estimulo. Pero el problema del modelo intervencionista no está resuelto aún. Seguiremos viendo en campaña la búsqueda de culpables imaginarios. No muere con esto los riesgos de expropiación e intervención para agrandar la cadena de distribución pública, contaminando lo que tanto ha costado crear durante años de distribución capilar. Después de todo, al lado de quienes ideológicamente creen, equivocada pero sinceramente, que el control es la mejor vía, están los que viven de las distorsiones que crean sus colegas comeflor y les permiten la magia de convertir 10 mil dólares de ellos, vendidos en el negro a tasa de página web, en un millón de dólares a 6,30 que algún amigo les pueda dar para “resolver” la crisis de abastecimiento que su modelo de control generó.
ElJoropo
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martes, 21 de julio de 2015
Susana Martínez: El peor saboteo es el interno
El uso de los teléfonos móviles, más que un lujo se ha vuelto una necesidad. Al salir de casa cualquier cosa se nos puede olvidar, pero el celular jamás; ya se ha vuelto como una garrapata que llevamos de un lado para otro, inclusive para el baño. Es verdad, su uso te hace la vida más placentera, sobre todo los llamado “inteligente”, aunque difiero de ese concepto. Es casi imposible que alguien no lo tenga, por ejemplo, quien no ha ido a las famosas ventas de empanadas del ferry de Puerto La Cruz, donde las señoras te sacan la cuenta con un celular que para ti es incomparable; y ves como lo empatucan de grasa. Nadie puede negar, que su uso va más allá de cualquier extracto social. Inclusive mucha gente tiene mínimo dos celulares. Esto pasa sólo en Venezuela, en un país que según algunos se está cayendo a pedazo.
Pero no basta con tenerlo, mientras se tiene empresas telefónicas que te producen una rabieta por su mal servicio. Movilnet no se escapa de eso, llámese ineptitud o corrupción, como lo quieran llamar, el nombre no va a cambiar su malisimo servicio. Soy de las que pienso que el peor saboteo es el interno y ese es más fácil de detectar.
Viví un vía crucis para obtener una tarjeta sim: pase mañana, aun no hay línea, el problema es de la central, y todos los etcéteras que se le puedan agregar. Visite varias empresas autorizadas Movilnet, esas que ahora no comercializan teléfonos sino forros. En fin, al quinto día, de esta travesía, hablé con un encargado y textualmente me dijo: “me quedan dos si quiere una se la vendo en 400”. Es decir, mucho más caro que su precio, pero bueno, como ellos saben jugar con la paciencia y el tiempo de la gente, termine accediendo a comprarla. Y para colmo ni una factura de compra me dio.
El cuento no termina ahí, una vez resuelto esto, pase a recargar el celular. ¿Qué podía hacer? Seguir esperando, porque tampoco lo hice, sino 3 días después.
Luego optas por descargar tu ira a tuitazos, pero es inútil, el twitter no hace milagro. Si no se ataca el saboteo interno estaremos destinados al fracaso de una revolución, que pudiera dibujar una esperanza para los que aun apostamos en ella.
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Pero no basta con tenerlo, mientras se tiene empresas telefónicas que te producen una rabieta por su mal servicio. Movilnet no se escapa de eso, llámese ineptitud o corrupción, como lo quieran llamar, el nombre no va a cambiar su malisimo servicio. Soy de las que pienso que el peor saboteo es el interno y ese es más fácil de detectar.
Viví un vía crucis para obtener una tarjeta sim: pase mañana, aun no hay línea, el problema es de la central, y todos los etcéteras que se le puedan agregar. Visite varias empresas autorizadas Movilnet, esas que ahora no comercializan teléfonos sino forros. En fin, al quinto día, de esta travesía, hablé con un encargado y textualmente me dijo: “me quedan dos si quiere una se la vendo en 400”. Es decir, mucho más caro que su precio, pero bueno, como ellos saben jugar con la paciencia y el tiempo de la gente, termine accediendo a comprarla. Y para colmo ni una factura de compra me dio.
El cuento no termina ahí, una vez resuelto esto, pase a recargar el celular. ¿Qué podía hacer? Seguir esperando, porque tampoco lo hice, sino 3 días después.
Luego optas por descargar tu ira a tuitazos, pero es inútil, el twitter no hace milagro. Si no se ataca el saboteo interno estaremos destinados al fracaso de una revolución, que pudiera dibujar una esperanza para los que aun apostamos en ella.
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domingo, 19 de julio de 2015
El alcalde Blyde y la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP)
Varios periodistas e investigadores, entre ellos José Vicente Rangel, venían anunciándolo. Grupos paramilitares se han infiltrado hasta tal punto en el territorio nacional, que ya están cercando a la capital. Asesinatos un tanto extraños por lo dantesco, ajenos eso sí a nuestra realidad nacional, empezaron a verse con preocupante frecuencia. Una siniestra estrategia pergeñada por inteligencias psicópatas estaba en marcha. El desprecio por la vida humana, el abismo de la muerte, venía con todo; finalmente, se le ha dado un parao, el más contundente hasta la fecha. Sin embargo, algunos se timbraron.
Aunque los usuarios aventajados de whatssap y los vecinos de la Cota 905 se enteraron primero, el resto de los venezolanos supimos el pasado lunes, luego de la rueda de prensa del ministro González López, que 14 delincuentes habían sido abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado durante la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Además, en otros lugares la acción permitió el desmantelamiento de siete bandas, la detención de más de cien personas entre las cuales figuraron 32 extranjeros y el hallazgo de vehículos robados, alimentos, drogas, armas, e incluso implementos y materiales de la Misión Vivienda.
El público debe saber, pero sobre todo el público que vive fuera de Venezuela que nos lee, que de inmediato las alas del twitter se batieron y muchos comenzaron a atacar la operación de las fuerzas de seguridad del Estado porque se había cometido una “masacre”. Efectivamente, en cualquiera que no conozca la realidad del país podría surgir algún tipo de indignación en nombre de los derechos humanos de esos jóvenes que perecieron durante la operación conjunta. Pero, lamentablemente, esos jóvenes habían sido captados-seducidos por la criminalidad y tenían tiempo echando plomo de alto calibre e infundiendo miedo y angustia en nuestra sociedad.
De acuerdo a los distintos análisis que se han hecho, asesinatos como los de la actriz Mónica Spear o el del diputado Robert Serra parecieran tener un victimario común: las llamadas “Bancri” (Bandas criminales) el más novedoso producto criminal emergido de los perversos laboratorios de la degeneración social, la anti-política y la desestabilización. Sin embargo, hubo mucha gente que, por condicionamientos políticos, ingenuidad, incomprensión o miedo, consideró un “exceso de fuerza” la legítima acción del Estado. No obstante, un breve análisis de los hechos, separando el grano de la paja, nos permite ver que la OLP no se puede comparar, por ejemplo, con las acciones llevadas a cabo en 1989 por las Fuerzas Armadas de entonces contra los habitantes de las zonas populares.
Un tema tan importante y delicado como la seguridad ciudadana, la violencia y la criminalidad no se deben politizar, aunque así haya ocurrido como producto de los altos decibeles que alcanzó la diatriba política en los últimos años. Es por todo esto, que hay que saludar el espaldarazo que el alcalde opositor del municipio Baruta dio a la OLP, en un contexto donde la actitud extremista de un sector de la oposición ha apostado abiertamente por la desestabilización y el desquiciamiento de la política. A pesar de que la seguridad ha sido altamente politizada y usada como argumento contra el Gobierno, siendo una responsabilidad de todos, para Gerardo Blyde esta no debe ser politizada.
Así, en declaraciones recientes, el alcalde de Baruta dijo: “Si le exigimos al Estado y al Gobierno que actúe, y actúa entonces después no podemos caerle a palo porque haya actuado, yo creo que la vida de los venezolanos tiene que sacarse de la diatriba política diaria”. Agrego Blyde, que salvar vidas ha sido el resultado de la coordinación y la progresiva despolitización del tema de la seguridad, aunque abogó porque esa coordinación se potencie en los órganos de inteligencia del estado para “conocer el origen de los armamentos.” Sobre esto último, por cierto, ya se sabe que provienen de otras latitudes.
Dichas declaraciones, provenientes de una figura política de la oposición, deben servir de ejemplo para aquellos aventureros desquiciados que promovieron la colocación de guayas degolladoras de motorizados durante las guarimbas del año pasado, y que al parecer estaban dispuestos a lanzar a Venezuela por un barranco con tal de golpear al Gobierno bolivariano. A propósito de bolivariano, al momento de escribir estas líneas me entero del asesinato del historiador Jorge Mier Hoffman, defensor de la tesis del asesinato de El Libertador, en un supuesto intento de robo.
Al leer la noticia sobre la sensata posición de Blyde, recuerdo la intervención del copeyano Pedro Pablo Fernández durante la celebración de los primeros diálogos de Paz en Miraflores. Después de dejar bien clara su condición de opositor al Gobierno, Fernándes destacó que no por eso iba a promover la destrucción del país, posición que despuntó un tanto de la de otros personajes que hablaron ese día, y que fueron para defender-recuperar el mercado para sus productos, o a pedir más cacao de ese que tiene forma de lechugas verdes.
Que el ejecutivo debe actuar de forma constante en los lugares donde sea necesario, por supuesto; que estas acciones no deben ser espasmódicas, de acuerdo. Debemos decir que si hay algo positivo en todo esto, es que la sociedad en su conjunto ha venido comprendiendo que la oposición venezolana es corresponsable de la seguridad en el país, dado que han tenido presencia en la Asamblea Nacional y son también alcaldes y gobernadores. Celebremos entonces la posición de este alcalde opositor, y esperemos que muchos sigan su ejemplo.
Amaury González V.
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Aunque los usuarios aventajados de whatssap y los vecinos de la Cota 905 se enteraron primero, el resto de los venezolanos supimos el pasado lunes, luego de la rueda de prensa del ministro González López, que 14 delincuentes habían sido abatidos por las fuerzas de seguridad del Estado durante la Operación Liberación y Protección del Pueblo (OLP). Además, en otros lugares la acción permitió el desmantelamiento de siete bandas, la detención de más de cien personas entre las cuales figuraron 32 extranjeros y el hallazgo de vehículos robados, alimentos, drogas, armas, e incluso implementos y materiales de la Misión Vivienda.
El público debe saber, pero sobre todo el público que vive fuera de Venezuela que nos lee, que de inmediato las alas del twitter se batieron y muchos comenzaron a atacar la operación de las fuerzas de seguridad del Estado porque se había cometido una “masacre”. Efectivamente, en cualquiera que no conozca la realidad del país podría surgir algún tipo de indignación en nombre de los derechos humanos de esos jóvenes que perecieron durante la operación conjunta. Pero, lamentablemente, esos jóvenes habían sido captados-seducidos por la criminalidad y tenían tiempo echando plomo de alto calibre e infundiendo miedo y angustia en nuestra sociedad.
De acuerdo a los distintos análisis que se han hecho, asesinatos como los de la actriz Mónica Spear o el del diputado Robert Serra parecieran tener un victimario común: las llamadas “Bancri” (Bandas criminales) el más novedoso producto criminal emergido de los perversos laboratorios de la degeneración social, la anti-política y la desestabilización. Sin embargo, hubo mucha gente que, por condicionamientos políticos, ingenuidad, incomprensión o miedo, consideró un “exceso de fuerza” la legítima acción del Estado. No obstante, un breve análisis de los hechos, separando el grano de la paja, nos permite ver que la OLP no se puede comparar, por ejemplo, con las acciones llevadas a cabo en 1989 por las Fuerzas Armadas de entonces contra los habitantes de las zonas populares.
Un tema tan importante y delicado como la seguridad ciudadana, la violencia y la criminalidad no se deben politizar, aunque así haya ocurrido como producto de los altos decibeles que alcanzó la diatriba política en los últimos años. Es por todo esto, que hay que saludar el espaldarazo que el alcalde opositor del municipio Baruta dio a la OLP, en un contexto donde la actitud extremista de un sector de la oposición ha apostado abiertamente por la desestabilización y el desquiciamiento de la política. A pesar de que la seguridad ha sido altamente politizada y usada como argumento contra el Gobierno, siendo una responsabilidad de todos, para Gerardo Blyde esta no debe ser politizada.
Así, en declaraciones recientes, el alcalde de Baruta dijo: “Si le exigimos al Estado y al Gobierno que actúe, y actúa entonces después no podemos caerle a palo porque haya actuado, yo creo que la vida de los venezolanos tiene que sacarse de la diatriba política diaria”. Agrego Blyde, que salvar vidas ha sido el resultado de la coordinación y la progresiva despolitización del tema de la seguridad, aunque abogó porque esa coordinación se potencie en los órganos de inteligencia del estado para “conocer el origen de los armamentos.” Sobre esto último, por cierto, ya se sabe que provienen de otras latitudes.
Dichas declaraciones, provenientes de una figura política de la oposición, deben servir de ejemplo para aquellos aventureros desquiciados que promovieron la colocación de guayas degolladoras de motorizados durante las guarimbas del año pasado, y que al parecer estaban dispuestos a lanzar a Venezuela por un barranco con tal de golpear al Gobierno bolivariano. A propósito de bolivariano, al momento de escribir estas líneas me entero del asesinato del historiador Jorge Mier Hoffman, defensor de la tesis del asesinato de El Libertador, en un supuesto intento de robo.
Al leer la noticia sobre la sensata posición de Blyde, recuerdo la intervención del copeyano Pedro Pablo Fernández durante la celebración de los primeros diálogos de Paz en Miraflores. Después de dejar bien clara su condición de opositor al Gobierno, Fernándes destacó que no por eso iba a promover la destrucción del país, posición que despuntó un tanto de la de otros personajes que hablaron ese día, y que fueron para defender-recuperar el mercado para sus productos, o a pedir más cacao de ese que tiene forma de lechugas verdes.
Que el ejecutivo debe actuar de forma constante en los lugares donde sea necesario, por supuesto; que estas acciones no deben ser espasmódicas, de acuerdo. Debemos decir que si hay algo positivo en todo esto, es que la sociedad en su conjunto ha venido comprendiendo que la oposición venezolana es corresponsable de la seguridad en el país, dado que han tenido presencia en la Asamblea Nacional y son también alcaldes y gobernadores. Celebremos entonces la posición de este alcalde opositor, y esperemos que muchos sigan su ejemplo.
Amaury González V.
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lunes, 6 de julio de 2015
Margarita López Maya: ¿Patrimonialistas o modernos?
Los venezolanos estamos ante considerables retos en relación con la sociedad que queremos para el siglo XXI. Los resultados de las venideras parlamentarias podrían dar una primera señal del camino que deseamos emprender.
La entrevista al profesor Fukuyama hecha por Prodavinci la pasada semana planteó bien la disyuntiva. ¿Deseamos un Estado moderno o nos quedamos con este patrimonialista?
Fukuyama sostiene que el sistema socialista hasta ahora no ha conducido ni a la prosperidad ni a la igualdad. Sirvan Rusia o Cuba como ejemplos. En Venezuela también ha sido un fracaso económico y ha creado un orden político donde se legitima que quienes tienen poder pueden usarlo para saltarse las leyes y para enriquecerse ellos y los suyos. ¿Queremos seguir en esta vía?
La ausencia de un Estado impersonal, que trate a todos por igual, es un déficit de nuestra cultura, instituciones y actores sociopolíticos. Tanto los sectores políticos del pasado como los actuales revolucionarios han actuado igual, usando la política para sus intereses patrimoniales. Muchos ciudadanos aceptan esta situación de desigualdad por no valorar la noción democrática del interés público, del bien común. Venezuela es hoy ejemplo de Estado patrimonialista. En países como Brasil o México, al menos la corrupción y la violación a las leyes producen protestas masivas.
Lo ocurrido con la resolución de la paridad de género decidida por el CNE y en las recientes primarias del Psuv constata lo arraigado de una cultura no democrática. El Psuv usó recursos públicos como quiso, probando cómo funcionará su maquinaria en las parlamentarias, donde sin duda repetirá abusos. Periodistas de opinión como V. Villegas alaban esos procederes, pasando por alto la ilegalidad con que actuó el CNE y el Psuv en relación con el Estado de derecho.
Seguir apoyando esa forma de hacer política implicará continuar el camino no moderno ni democrático que llevamos y que conduce a más pobreza y desigualdad en el siglo XXI.
Pero rectificar no es fácil porque necesitamos liderazgos y organizaciones convencidas de la necesidad de un Estado impersonal, que respete la ley e inculque responsabilidad política. Tristemente, actores con esas cualidades parecen escasear en el país.
@mlopezmaya / ÚN
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La entrevista al profesor Fukuyama hecha por Prodavinci la pasada semana planteó bien la disyuntiva. ¿Deseamos un Estado moderno o nos quedamos con este patrimonialista?
Fukuyama sostiene que el sistema socialista hasta ahora no ha conducido ni a la prosperidad ni a la igualdad. Sirvan Rusia o Cuba como ejemplos. En Venezuela también ha sido un fracaso económico y ha creado un orden político donde se legitima que quienes tienen poder pueden usarlo para saltarse las leyes y para enriquecerse ellos y los suyos. ¿Queremos seguir en esta vía?
La ausencia de un Estado impersonal, que trate a todos por igual, es un déficit de nuestra cultura, instituciones y actores sociopolíticos. Tanto los sectores políticos del pasado como los actuales revolucionarios han actuado igual, usando la política para sus intereses patrimoniales. Muchos ciudadanos aceptan esta situación de desigualdad por no valorar la noción democrática del interés público, del bien común. Venezuela es hoy ejemplo de Estado patrimonialista. En países como Brasil o México, al menos la corrupción y la violación a las leyes producen protestas masivas.
Lo ocurrido con la resolución de la paridad de género decidida por el CNE y en las recientes primarias del Psuv constata lo arraigado de una cultura no democrática. El Psuv usó recursos públicos como quiso, probando cómo funcionará su maquinaria en las parlamentarias, donde sin duda repetirá abusos. Periodistas de opinión como V. Villegas alaban esos procederes, pasando por alto la ilegalidad con que actuó el CNE y el Psuv en relación con el Estado de derecho.
Seguir apoyando esa forma de hacer política implicará continuar el camino no moderno ni democrático que llevamos y que conduce a más pobreza y desigualdad en el siglo XXI.
Pero rectificar no es fácil porque necesitamos liderazgos y organizaciones convencidas de la necesidad de un Estado impersonal, que respete la ley e inculque responsabilidad política. Tristemente, actores con esas cualidades parecen escasear en el país.
@mlopezmaya / ÚN
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jueves, 25 de junio de 2015
Luis Fuenmayor Toro: Lo que no dijo Tibisay Lucena
Por fin el CNE fijó la fecha de las parlamentarias. Lo informó su presidenta Lucena, donde quiso dejar claro su apego a las conductas electorales debidas, así como la perversidad de las críticas efectuadas por la oposición. Estuvo muy regañona en su perorata y muy a la defensiva, pero no explicó todo lo que ha debido explicar ni se refirió a situaciones muy serias que obligatoriamente debía analizar, como la sustitución inconstitucional de la rectoría en materia electoral del ente comicial por el actual presidente de la AN.
Lucena no mencionó siquiera la ausencia de convocatoria de la elección directa, universal y secreta de los diputados al Parlatino, la cual se venía haciendo desde 2000 y deja de efectuarse este año sin que ningún organismo lo haya decidido formalmente, más allá de la pataleta televisiva de Diosdado Cabello. Se pasa a una elección de segundo grado, con lo que se viola el principio constitucional de progresividad de los derechos, y la presidenta del ente rector electoral no dice absolutamente nada. Calla en parte por la vergüenza que siente por haberse dejado arrebatar una atribución que le era propia.
Tampoco explicó absolutamente nada sobre la ausencia de convocatoria a las elecciones de los diputados del Parlasur, que por los acuerdos firmados por la República deben ser electos en 2015 por votación directa, universal y secreta -y en forma proporcional. Prefiere de nuevo callar y de esta manera desdecirse de lo que había informado al país pocos meses atrás, cuando declaró que este año tendríamos el derecho de elegir los diputados del Parlasur en forma directa, por lo que el CNE tenía la obligación de organizar esas elecciones junto con las parlamentarias. De nuevo, imposiciones externas reducen la rectoría en materia electoral del CNE. ¿Qué dicen de esta violación de los acuerdos los estados miembros del Mercosur?
También silenció Tibisay la inacción del CNE sobre la campaña electoral temprana del Psuv, su complicidad con las acciones ventajistas del Gobierno, el peculado de uso en que incurre, el hostigamiento permanente de las fuerzas opositoras y el uso descarado del presupuesto nacional. Lo que no dijo fue mucho más importante que lo dicho.
@LFuenmayorToro / ÚN
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Lucena no mencionó siquiera la ausencia de convocatoria de la elección directa, universal y secreta de los diputados al Parlatino, la cual se venía haciendo desde 2000 y deja de efectuarse este año sin que ningún organismo lo haya decidido formalmente, más allá de la pataleta televisiva de Diosdado Cabello. Se pasa a una elección de segundo grado, con lo que se viola el principio constitucional de progresividad de los derechos, y la presidenta del ente rector electoral no dice absolutamente nada. Calla en parte por la vergüenza que siente por haberse dejado arrebatar una atribución que le era propia.
Tampoco explicó absolutamente nada sobre la ausencia de convocatoria a las elecciones de los diputados del Parlasur, que por los acuerdos firmados por la República deben ser electos en 2015 por votación directa, universal y secreta -y en forma proporcional. Prefiere de nuevo callar y de esta manera desdecirse de lo que había informado al país pocos meses atrás, cuando declaró que este año tendríamos el derecho de elegir los diputados del Parlasur en forma directa, por lo que el CNE tenía la obligación de organizar esas elecciones junto con las parlamentarias. De nuevo, imposiciones externas reducen la rectoría en materia electoral del CNE. ¿Qué dicen de esta violación de los acuerdos los estados miembros del Mercosur?
También silenció Tibisay la inacción del CNE sobre la campaña electoral temprana del Psuv, su complicidad con las acciones ventajistas del Gobierno, el peculado de uso en que incurre, el hostigamiento permanente de las fuerzas opositoras y el uso descarado del presupuesto nacional. Lo que no dijo fue mucho más importante que lo dicho.
@LFuenmayorToro / ÚN
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domingo, 14 de junio de 2015
Oscar J. Camero: Ley de la jungla inmobiliaria
1.
Si un propietario inmobiliario un día decide que necesita su apartamento, póngase por caso, encontrará que su decisión topa con dos hechos que debe procesar y remediar para concretar su deseo, al menos en la Venezuela de la era de Hugo Chávez: (1) un contrato que ha celebrado con el arrendatario (inquilino), cuyos términos debe respetar, y (2) un marco legal en la materia, cuya pista debe transitar. No basta con la emoción de querer “¡ya!” “mi inmueble”, como si pudiera agarrar una varita mágica o metralleta y desaparecer a quien se interpone entre sus vísceras y la realidad; tampoco vale gran cosa que en un contrato amañado pinte fantasiosos sueños como que el inquilino debe abandonar el inmueble a las dos horas, por ejemplo, del momento en que el propietario manifieste el deseo de su retoma dado que no hay contrato que pueda hacer privar la violación de un derecho humano por encima de los mandamiento morales y legales.
¡No, no, nada de eso! Desde el momento en que el don propietario (arrendador) decide alquilar (arrendar) un inmueble debe de tener la conciencia de que, primero, lo hace en el contexto de un mundo civilizado (nada de mataderas, sicariatos, bombas nucleares, etc.) y, luego, sobre un marco legal, un conjunto de reglas y leyes a seguir en el juego político que en cualquier parte del mundo se llama “contrato social”. Porque quien le arrienda el inmueble también es una criatura humana como él, que corre y se encarama, y siente emociones, teniendo también sus necesidades, no siendo menos que el dueño por decreto de nadie. De modo que la relación entre las partes, moralmente iguales, a efectos de evitar choques de trenes (por más que a una de las partes se le antoje que el contrario es apenas un vagón) tiene que necesariamente regularse a través de ese tercer actor que es el Estado con su propósito de hacer cumplir la ley, deberes y derechos de quienes deciden someterse a él.
¿No se vive, pues, en sociedad, bajo normas a cumplir por decisión propia? Quien opta vivir en civilización, bajo contrato social, en relación de toma y daca respecto del Estado, ejerciendo derechos y cumpliendo deberes, lo primero que hace es abandonar la tentación de comportarse como el animal que vive en el libertinaje de la naturaleza. Quien opta arrendar un inmueble, sea arrendador o arrendatario, lo hace bajo la óptica del cumplimiento de la ley humana y no la de la selva. Así que fuerzas contraconstitucionales, rifles como para cazar jabalíes o machetes para cortar en pedacitos, se deben quedar en mochilas fuera del juego. El arma ha de ser el Derecho, reglamentador de sociedades.
2.
Se topará el arrendador con una Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (LRCAV), que lo mandará en primera instancia a registrarse ante un ente creado a los efectos de llevar el control de un Registro Nacional de Relaciones Arrendaticias (Art. 20, Núm. 13, y Art. 22). El ente es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) y una de sus funciones es conocer quién arrienda en el país, sea arrendador o arrendatario, además de mediar o regular en la relación que se establece entre ambas partes.
Luego comprobará que dicha ley también lo obligará a la celebración de un contrato con el arrendatario, según exigencia de éste (Art. 46), con una duración mínima de un año (Art. 51). Se enterará, además, que el canon de arrendamiento que debe negociar con el arrendatario estará “definido por el ente rector en la materia” (Art. 20, Núm. 14) y que, en consecuencia, eso de cobrar precios astronómicos y arbitrarios, muy relacionados con emociones viscerales, queda al margen de la ley, de la civilización y sociedad donde el propietario asienta su planta (Venezuela), despachado hacia la atmósfera de supervivencia de la jungla donde el jaguar gusta saltar sobre la danta cuando le apetece comer.
Después sabrá que, vencido el plazo estipulado en el contrato, el arrendatario tendrá la preferencia de seguir ocupando el inmueble ante otros posibles terceros que pretendan arrendarlo (Art. 5, Núm. 10; Art. 88, 89, 90); y, si es el caso que el arrendador desee su inmueble para venderlo, debe también comprender que la preferencia de compra la tendrá el arrendatario ocupante (Art. 131), debiendo proponerle la venta mediante documento auténtico (Art. 132). Para que un propietario pueda ofrecer en venta a un tercero debe superar primero la obligación que tiene con la preferencia de su inquilino, de quien debe recibir una voluntad escrita de rechazo a su oferta en el plazo de noventa días después del ofrecimiento (Art. 134). Al respecto es de interés citar un pasaje contundente del artículo 135 de la ley, contra el cual puede chocar la naturaleza arbitraria de un propietario no muy dado a esperas, tentado a resolver ¡ya!, vendiendo inclusive el inmueble (porque es suyo y hace con él lo que le pega en gana) a un tercero con arrendatario adentro: “Toda venta a un tercero de la vivienda alquilada, sin la debida notificación al arrendatario o arrendataria, a fin de que ejerza el derecho a la preferencia ofertiva, será nula y no será necesario ejercer la acción judicial de nulidad.”
Cuando se presenta la discrepancia entre arrendador y arrendatario, uno queriendo disponer ya del inmueble y el otro seguramente no teniendo adónde ir ipso facto, puede el primero acariciar la idea de un desalojo al estilo varita mágica: es decir, el inmueble es suyo y puede disponerlo cuando desee (¡ya!), el arrendatario es un usurpador sino invasor, lleno de malicias en vez de necesidades habitaciones, sin derechos que valgan, digno de ser echado a patadas a la calle si fuera el caso. Al respecto, dice la ley, Art. 91, que se procederá a un desalojo en atención a varias causales, dos de ellas de recurrente importancia, como que el arrendatario no haya cancelado hasta cuatro cuotas del canon o que el propietario requiera de su inmueble, en necesidad justificada, para sí mismo o para parientes consanguíneos hasta el segundo grado.
Pero supóngase que el asunto se desborda y sus olas buscan llegar a los tribunales, donde chapalean abogados y jueces. “Me lo sacan (al arrendatario) ─podrá sentenciar el dueño─ porque el apartamento es mío y ya no lo quiero en el sitio, chico; es más: no tengo casa y me mudaré al sitio”. Por encima de las vísceras y previo al estadío de los tribunales, de las demandas, el arrendador demandante “deberá consignar solicitud escrita, debidamente motivada y documentada, por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en la cual expondrá los motivos que le asisten para solicitar la restitución de la situación jurídica afectada” (Art. 95). En la SUNAVI se iniciará un procedimiento administrativo que se aplicará según pautas observadas en Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, descrito en los artículos 7 al 10.
Se ve, pues, que existe un protocolo, un debido procedimiento, en nada cohonestador de aventuriles fantasías. Hubo un tiempo, sí, en que el propietario tomaba su rifle, pagaba abogados y salía raudo a corretear arrendatarios. Podrá haberlos hoy como casos, pero, en la razón de la ley, constituyen desafueros y sus perpetradores son forajidos. En este tiempo, con piso legal, la relación arrendataria bulle sobre una civilizada sociedad a la que moralmente debe aspirar el hombre.
Hay más: podría ser que el arrendador cumplió con los procedimientos ante el ente de vivienda, fue a los tribunales luego y tiene en mano una sentencia firme de desalojo contra el arrendatario. Para el caso la ley tiene su pronunciamiento:
Al arrendatario o arrendataria y su grupo familiar, que tengan sentencia firme para desalojar la vivienda y manifestaren y comprobaren ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda no tener lugar donde habitar, el órgano competente en la materia de vivienda y hábitat se encargará de proveerle un refugio temporal o la adjudicación de una vivienda digna definitiva, en cualquier lugar del país, sin menoscabar las relaciones familiares, de trabajo y de estudio. (Art. 49 de la LRCAV, cursivas propias).
El afectado por la medida de desalojo habrá de salir de la vivienda que arrienda a un refugio o “vivienda digna definitiva”, respuesta que al respecto debe dar la SUNAVI en coordinación con el Ministerio del Poder Popular en materia de vivienda, según especifica el Art. 20, Núm. 9. Por consiguiente dedúzcase que hasta tanto no haya tal respuesta administrativa institucional, la unidad familiar afectada no podrá abandonar la vivienda, no podrá patear la calle con sus cachivaches a cuesta como podría celebrar una mentalidad torcida, no deberá irse. Ya para el caso no se trataría acá de alguna medida “personal” en contra de un ansioso propietario, sino de un proceder digno, moral, compadecido con los derechos humanos de una familia. Habida cuenta de que no ha querido vender, demostrado que no está obligado a hacerlo (Providencia Administrativa N° 00042, SUNAVI, según Gaceta Oficial N° 40.382 del 28 de marzo de 2014; no es multiarrendador) y, de hecho, dispuesto a recuperar el apartamento para habitarlo, tendría que saber que su inmueble está allí, en propiedad latente, mientras se subsana la carencia de techo del afectado.
La Carta Magna, en su artículo 82, hace del derecho de los más afectados un compromiso social de todos:
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.
El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cursivas en el texto de quien escribe).
Pero, finalmente, puede ocurrir que el propietario, envalentonado por una sentencia que emanó del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), decida retomar la escopeta y volver a la selva a cazar chigüires, como coloquialmente podría inferirse. La magistrada de la Sala Constitucional, Carmen Zuleta de Merchán, abstracción hecha de una familia destartalada echada a la calle, viviendo las de Caín y Abel juntas, ponderó en su decisión del 3 de octubre de 2014 que un propietario junto a un juez podrían desalojar oficialmente a una familia si la SUNAVI al cabo de seis meses de reclamo no proveía refugio a los afectados, indiferentemente de que tal familia tuviese donde refugiarse o no. Esto es, que el lío es de la SUNAVI, quien tiene que resolver, y no del propietario, quien sólo tiene que recibir su inmueble no importando que sobre una sangre derramada, por decirlo de un modo escandaloso (Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Carmen Zuleta de Merchán. [“Decisiones”]. 3 oct. 2014. [ca. 21 pantallas].
(http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/169300-1213-31014-2014-13-0482.HTML. [Consulta: 5 mayo 2015])
En efecto, vencido el plazo dicho (seis meses, abril de 2015), se desató una ola de desalojos con sentencia firme en el país (o conatos), uno de ellos de sensible repercusión ¡a apenas dos cuadras del palacio de Miraflores!, no obstante regir en el país un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (decreto-ley, Gaceta Oficial 39.668, 6 mayo 2011, decreto nº 8.190), que obliga a seguir procedimientos y cataloga como “forzado” y arbitrario la botadura de una familia a la calle sin tener un lugar donde guarecerse.
Porque que hay que razonar, y ha de hacerse con la magistrada Merchán en cuclillas ante la conciencia, que una sutileza de plazos extraídos irónicamente de la misma ley que regula los desalojos (*) y protege a la familia venezolana es violatoria de los derechos humanos, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU en 1966, vigente desde 1976, pacto parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como puede leerse en su apartado sobre el nivel de vida adecuado para las personas, artículo 11, donde se define desalojo forzoso como "la retirada permanente o temporal en contra de su voluntad de individuos, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, sin la disposición de, y acceso a formas adecuadas de protección jurídica o de otra índole”. ¿Cómo puede un individuo o familia tirado en la calle, sin opción, por encima de cualquier sutileza legal, ineptidud de alguna institución que no surte de refugio a tiempo al desvalido o inclusive propietario asistido de la razón en su reclamo, ser partícipe del disfrute y respeto de sus derechos humanos consagrados por la madurez civilizatoria humana?
La decisión a cargo de la Dra. Merchán, repítese, al dejar de lado, de manera insensible, la figura de una familia echada a la calle, es violatoria de los derechos humanos en tanto promueve mecanismos legales implacables que podrían derivar en situaciones aniquilantes por el sólo hecho de conceder la razón jurídica a la parte demandante (el propietario), por más que la letra de dicha sentencia parezca lavarse las manos atribuyéndole el crimen a la SUNAVI o a los entes del Estado en materia de refugio y vivienda. No parece cumbre del Derecho eso de estar colocando banderas sobre una pila de huesos humanos (arrendatario) en atención nomás al cumplimiento de una mecánica relojesca jurídica, sin apenas considerar qué se esconde detrás de la razón del demandante. ¿Qué le parece, Dra., que un demandante, dueño de 2 mil 500 apartamentos en arriendo, deje en la calle a una familia que no ha tenido tiempo de apañárselas para irse a un refugio? Quizás más justo habría sido sentenciar que en estos casos extremos y peliagudos la razón del demandante (propietario para el caso) procedería sólo si sus derechos humanos fundamentales pudieran estar amenazados o violentados. Sería más hermoso, más humano, más socialista si se es cónsono con los cambios en el alma y el país, menos cosa de libre mercado.
Se tiene, en fin, que por más “legal” y “firme” sea la sentencia con la que se viene un propietario y un juez en contra de una familia venezolana, no deja de ser violatorio de los derechos humanos, según lo considerado.
El tema de los desalojos, delicadísimo tema, con aristas controversiales, invita a la revisión exhaustiva de la ley para catarlo en sus detalles, detalles y esencias que en central instancia protegen a la familia venezolana y hacen historia de un oprobioso pasado de gente lanzada a la calle sin miramientos de ninguna índole. Debe comprender un propietario, serio o indigno, civilizado o salvaje, simple negociante de inmuebles o vil traficante de la necesidad de hábitat ajena, que precisamente la ley surge para enmendar tales entuertos y revestir de derecho al sector arrendatario, tradicional figura en desventaja frente a un dueño con poder apalancado en la necesidad de techo de un montón de gente.
Pero la capital comprensión que ha de tener quienquiera que desee dedicarse al arriendo de inmuebles para vivienda en Venezuela es que los artículos 1 y 2 de la ley establecen que la vivienda posee un valor social a ser protegido como derecho humano y es declarada como una figura de “interés público general, social y colectivo” en toda su materia relacionada, léase arrendamientos de viviendas, pensiones, habitaciones o residencias. De manera que el ilusionado salvajismo de quienes pretenden seguir saltando como jaguares sobre unas dantas en medio de una ciudad y no la selva, necesariamente ha de convertirse en un comportamiento forajido. El prurito mercantilista tiene que ajustarse y ceder ante el hecho mayor de una necesidad patria a ser suplida; si ha de alquilar algún inmueble lo hará bajo contexto legal, sobre un tapete de emergencia nacional, a condición de contribuir con el exorcismo de la necesidad en materia de vivienda.
3.
Mas todo lo anterior, paja que arde al fuego o se la lleva al viento, es fanega que ocupa espacio para significar que en el país existe una parafernalia legal, un piso jurídico (para hablar con la ínfula de quien eventualmente podría enorgullecerse de ello), que significativamente no se cumple.
Selva, deberes, derechos, idealismos, humanismos, procedimientos, justicias, suma de felicidad del pueblo, hachas, jaguares y dantas, son briznas de un discurso fallido en su efecto práctico, nomás ensayado para dar la impresión de compostura cabal, de que en el país existe una legalidad de protección inquilinaria, aunque sea para el ideal ejercicio.
Quien escribe en otros espacios lo ha dicho: la ley es perfecta, suficiente per se, pero ampliamente incumplida, lo cual manda a la porra cualquier sentimiento de belleza (platónicamente hablando), aspiración de verdad y justicia . El ente rector en la materia, SUNAVI, no se da abasto para cubrir la demanda y exorcizar la necesidad nacional apelmazada durante decenios de vieja historia capitalista.
Todo de un trancazo es bajado por la poceta cuando una de las partes, el propietario para el caso violatorio de los derechos humanos mencionados, decide patear la mesa, romper el pacto social, mearse sobre las leyes, encaramarse sobre un árbol de la selva y tomar la justicia por propia mano. Cuando en ausencia del corpus legal, de su efecto de amparo sobre una familia hostigada, decide, por ejemplo, contratar unos sicarios o patota de malandros para expulsar a su inquilino de la vivienda; o cuando, más deportivo inclusive, decide vender el inmueble con la familia y corotos adentros.
La práctica se está implementando. De patotas de malandros, a quienes se le ofrecen entre BsF. 40 y 100 mil, se está pasando a la contratación de espurios colectivos. Sirva el escrito para denunciar, con pruebas sobre la realidad para quien pregunte. Retorno a la cacería, a la época del jaguar, a la barbarie.
Apenas hace unos días murió un señor arrendatario en La Vega, Caracas, en manos de un tercero que buscó la propietaria para desalojarlo (Últimas Noticias [en línea]. Caracas: 25 mayo 2015.
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/un-muerto-y-un-herido-tras-discusion-por-desalojo-.aspx. [Consulta: 6 Jun. 2015]). El mismo presidente Nicolás Maduro, después de alarmarse por la cantidad de desalojos que hay con sentencia firme preparada, y luego de enterarse de otros desmanes, como que delincuentes comunes secuestran a personas mayores para venderles el inmueble, acaba de recomendar el retiro de adjudicaciones de vivienda en sitios caóticos.
Ahora mismo en la parroquia San Juan, sector Quinta Crespo, Caracas, entre otros casos, cursa la situación de una señora de la tercera edad junto a su esposo que lleva dieciocho años arrendando una casa; su arrendadora, para no complicarse con los procedimientos del “corpus” legal, entre otros para no cumplir con la preferencia de venta de la que goza la señora, decide vender el inmueble con la familia adentro a un mejor postor (venta nula, por cierto, según Art. 135 citado arriba). Y el tal postor, para posesionarse del inmueble, ha decido echar mano de un espectro de acciones para desalojar a la señora que en nada se compadecen con el debido proceso. Dígase que, para no abundar detalles contraproducentes sobre un caso cuyas partes fueron citadas a conciliar, su desarrollo iba camino (o está en trance) de hacer polvo el más preciado mandamiento de la ley en materia de vivienda: en su efecto, la familia en la calle sin refugio donde pernotar.
Después de tanto ajetrear y finalmente afincarse la doña en el poder popular para diligenciar ante la SUNAVI, poder popular que por ley puede mediar y conciliar en la resolución de problemas de la relación arrendaticia (Art. 147 y 148 de la LRCAV), justo es reconocer que una “prohibición de desalojo” (SUNAVI 00944-05-15, Coordinación del Grupo de Respuesta Antidesalojos Arbitrarios), emitida por el ente rector y presentada ante la autoridad policial, tuvo el efecto de citar a las partes para intentar dirimir. El asunto es que costó una odisea lograr esta respuesta, después de días de la familia bajo hostigamiento, horas de diligencia ante la SUNAVI, tiempo descrito acá en palabras que en nada retratan la urgencia peligrosa del caso. La reflexión entra a cuento a través de esa gran grieta del piso legal que puede significar la existencia de un montón de familias en la misma situación de asedio, desprovista del auxilio de alguna organización social que la oriente. Y puede la ley y la institución, tranquilamente, exonerarse de competencia en tanto mucho de lo que se ve a través de la grieta es ignorancia jurídica; pero el ejemplo de la doña en cuestión, que desde un principio se registró e informó a la SUNAVI de su problema, no puede más que hablar de una orfandad jurídica. Para ella ahora empieza un nuevo capítulo, ya guiada institucionalmente, pero expuesta en horas de descuido a los avatares de un dueño ahora irritado por la “intromisión” policial y por el impedimento moral y de derecho de no poder poner a la señora en la calle tan rápido como lo puede permitir una varita mágica o una ley de la selva, haciendo abstracción de sus derechos constitucionales, ciudadanos, humanos, sociales, hasta de especie con condición gregaria.
Debiera el Derecho por principio humanístico, ¡ah, inevitable idealismo!, ser como el aire mismo que el hombre respira, estar omnipresente en todos los rincones, inclusive allí dentro de esas cápsulas antigravitatorias donde la ignorancia reina, corrigiendo entuertos como el viejo Quijote, rescatando la doncella de la dignidad humana, salvando vidas hasta en los planos donde nadie ni lo invito ni lo desea. No de otro modo fue posible a lo largo de siglos, batallas del pensamiento, sufrimiento de la especie, añejamiento civilizante, la conquista de los derechos humanos y su declaración universal.
(*) Apreciación de entrevista con el Superintendente Nacional de Vivienda, José Rafael Jiménez Villasana. Caracas, SUNAVI, 7 mayo 2015.
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Si un propietario inmobiliario un día decide que necesita su apartamento, póngase por caso, encontrará que su decisión topa con dos hechos que debe procesar y remediar para concretar su deseo, al menos en la Venezuela de la era de Hugo Chávez: (1) un contrato que ha celebrado con el arrendatario (inquilino), cuyos términos debe respetar, y (2) un marco legal en la materia, cuya pista debe transitar. No basta con la emoción de querer “¡ya!” “mi inmueble”, como si pudiera agarrar una varita mágica o metralleta y desaparecer a quien se interpone entre sus vísceras y la realidad; tampoco vale gran cosa que en un contrato amañado pinte fantasiosos sueños como que el inquilino debe abandonar el inmueble a las dos horas, por ejemplo, del momento en que el propietario manifieste el deseo de su retoma dado que no hay contrato que pueda hacer privar la violación de un derecho humano por encima de los mandamiento morales y legales.
¡No, no, nada de eso! Desde el momento en que el don propietario (arrendador) decide alquilar (arrendar) un inmueble debe de tener la conciencia de que, primero, lo hace en el contexto de un mundo civilizado (nada de mataderas, sicariatos, bombas nucleares, etc.) y, luego, sobre un marco legal, un conjunto de reglas y leyes a seguir en el juego político que en cualquier parte del mundo se llama “contrato social”. Porque quien le arrienda el inmueble también es una criatura humana como él, que corre y se encarama, y siente emociones, teniendo también sus necesidades, no siendo menos que el dueño por decreto de nadie. De modo que la relación entre las partes, moralmente iguales, a efectos de evitar choques de trenes (por más que a una de las partes se le antoje que el contrario es apenas un vagón) tiene que necesariamente regularse a través de ese tercer actor que es el Estado con su propósito de hacer cumplir la ley, deberes y derechos de quienes deciden someterse a él.
¿No se vive, pues, en sociedad, bajo normas a cumplir por decisión propia? Quien opta vivir en civilización, bajo contrato social, en relación de toma y daca respecto del Estado, ejerciendo derechos y cumpliendo deberes, lo primero que hace es abandonar la tentación de comportarse como el animal que vive en el libertinaje de la naturaleza. Quien opta arrendar un inmueble, sea arrendador o arrendatario, lo hace bajo la óptica del cumplimiento de la ley humana y no la de la selva. Así que fuerzas contraconstitucionales, rifles como para cazar jabalíes o machetes para cortar en pedacitos, se deben quedar en mochilas fuera del juego. El arma ha de ser el Derecho, reglamentador de sociedades.
2.
Se topará el arrendador con una Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda (LRCAV), que lo mandará en primera instancia a registrarse ante un ente creado a los efectos de llevar el control de un Registro Nacional de Relaciones Arrendaticias (Art. 20, Núm. 13, y Art. 22). El ente es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (SUNAVI) y una de sus funciones es conocer quién arrienda en el país, sea arrendador o arrendatario, además de mediar o regular en la relación que se establece entre ambas partes.
Luego comprobará que dicha ley también lo obligará a la celebración de un contrato con el arrendatario, según exigencia de éste (Art. 46), con una duración mínima de un año (Art. 51). Se enterará, además, que el canon de arrendamiento que debe negociar con el arrendatario estará “definido por el ente rector en la materia” (Art. 20, Núm. 14) y que, en consecuencia, eso de cobrar precios astronómicos y arbitrarios, muy relacionados con emociones viscerales, queda al margen de la ley, de la civilización y sociedad donde el propietario asienta su planta (Venezuela), despachado hacia la atmósfera de supervivencia de la jungla donde el jaguar gusta saltar sobre la danta cuando le apetece comer.
Después sabrá que, vencido el plazo estipulado en el contrato, el arrendatario tendrá la preferencia de seguir ocupando el inmueble ante otros posibles terceros que pretendan arrendarlo (Art. 5, Núm. 10; Art. 88, 89, 90); y, si es el caso que el arrendador desee su inmueble para venderlo, debe también comprender que la preferencia de compra la tendrá el arrendatario ocupante (Art. 131), debiendo proponerle la venta mediante documento auténtico (Art. 132). Para que un propietario pueda ofrecer en venta a un tercero debe superar primero la obligación que tiene con la preferencia de su inquilino, de quien debe recibir una voluntad escrita de rechazo a su oferta en el plazo de noventa días después del ofrecimiento (Art. 134). Al respecto es de interés citar un pasaje contundente del artículo 135 de la ley, contra el cual puede chocar la naturaleza arbitraria de un propietario no muy dado a esperas, tentado a resolver ¡ya!, vendiendo inclusive el inmueble (porque es suyo y hace con él lo que le pega en gana) a un tercero con arrendatario adentro: “Toda venta a un tercero de la vivienda alquilada, sin la debida notificación al arrendatario o arrendataria, a fin de que ejerza el derecho a la preferencia ofertiva, será nula y no será necesario ejercer la acción judicial de nulidad.”
Cuando se presenta la discrepancia entre arrendador y arrendatario, uno queriendo disponer ya del inmueble y el otro seguramente no teniendo adónde ir ipso facto, puede el primero acariciar la idea de un desalojo al estilo varita mágica: es decir, el inmueble es suyo y puede disponerlo cuando desee (¡ya!), el arrendatario es un usurpador sino invasor, lleno de malicias en vez de necesidades habitaciones, sin derechos que valgan, digno de ser echado a patadas a la calle si fuera el caso. Al respecto, dice la ley, Art. 91, que se procederá a un desalojo en atención a varias causales, dos de ellas de recurrente importancia, como que el arrendatario no haya cancelado hasta cuatro cuotas del canon o que el propietario requiera de su inmueble, en necesidad justificada, para sí mismo o para parientes consanguíneos hasta el segundo grado.
Pero supóngase que el asunto se desborda y sus olas buscan llegar a los tribunales, donde chapalean abogados y jueces. “Me lo sacan (al arrendatario) ─podrá sentenciar el dueño─ porque el apartamento es mío y ya no lo quiero en el sitio, chico; es más: no tengo casa y me mudaré al sitio”. Por encima de las vísceras y previo al estadío de los tribunales, de las demandas, el arrendador demandante “deberá consignar solicitud escrita, debidamente motivada y documentada, por ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en la cual expondrá los motivos que le asisten para solicitar la restitución de la situación jurídica afectada” (Art. 95). En la SUNAVI se iniciará un procedimiento administrativo que se aplicará según pautas observadas en Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, descrito en los artículos 7 al 10.
Se ve, pues, que existe un protocolo, un debido procedimiento, en nada cohonestador de aventuriles fantasías. Hubo un tiempo, sí, en que el propietario tomaba su rifle, pagaba abogados y salía raudo a corretear arrendatarios. Podrá haberlos hoy como casos, pero, en la razón de la ley, constituyen desafueros y sus perpetradores son forajidos. En este tiempo, con piso legal, la relación arrendataria bulle sobre una civilizada sociedad a la que moralmente debe aspirar el hombre.
Hay más: podría ser que el arrendador cumplió con los procedimientos ante el ente de vivienda, fue a los tribunales luego y tiene en mano una sentencia firme de desalojo contra el arrendatario. Para el caso la ley tiene su pronunciamiento:
Al arrendatario o arrendataria y su grupo familiar, que tengan sentencia firme para desalojar la vivienda y manifestaren y comprobaren ante la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda no tener lugar donde habitar, el órgano competente en la materia de vivienda y hábitat se encargará de proveerle un refugio temporal o la adjudicación de una vivienda digna definitiva, en cualquier lugar del país, sin menoscabar las relaciones familiares, de trabajo y de estudio. (Art. 49 de la LRCAV, cursivas propias).
El afectado por la medida de desalojo habrá de salir de la vivienda que arrienda a un refugio o “vivienda digna definitiva”, respuesta que al respecto debe dar la SUNAVI en coordinación con el Ministerio del Poder Popular en materia de vivienda, según especifica el Art. 20, Núm. 9. Por consiguiente dedúzcase que hasta tanto no haya tal respuesta administrativa institucional, la unidad familiar afectada no podrá abandonar la vivienda, no podrá patear la calle con sus cachivaches a cuesta como podría celebrar una mentalidad torcida, no deberá irse. Ya para el caso no se trataría acá de alguna medida “personal” en contra de un ansioso propietario, sino de un proceder digno, moral, compadecido con los derechos humanos de una familia. Habida cuenta de que no ha querido vender, demostrado que no está obligado a hacerlo (Providencia Administrativa N° 00042, SUNAVI, según Gaceta Oficial N° 40.382 del 28 de marzo de 2014; no es multiarrendador) y, de hecho, dispuesto a recuperar el apartamento para habitarlo, tendría que saber que su inmueble está allí, en propiedad latente, mientras se subsana la carencia de techo del afectado.
La Carta Magna, en su artículo 82, hace del derecho de los más afectados un compromiso social de todos:
Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos.
El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. (Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cursivas en el texto de quien escribe).
Pero, finalmente, puede ocurrir que el propietario, envalentonado por una sentencia que emanó del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), decida retomar la escopeta y volver a la selva a cazar chigüires, como coloquialmente podría inferirse. La magistrada de la Sala Constitucional, Carmen Zuleta de Merchán, abstracción hecha de una familia destartalada echada a la calle, viviendo las de Caín y Abel juntas, ponderó en su decisión del 3 de octubre de 2014 que un propietario junto a un juez podrían desalojar oficialmente a una familia si la SUNAVI al cabo de seis meses de reclamo no proveía refugio a los afectados, indiferentemente de que tal familia tuviese donde refugiarse o no. Esto es, que el lío es de la SUNAVI, quien tiene que resolver, y no del propietario, quien sólo tiene que recibir su inmueble no importando que sobre una sangre derramada, por decirlo de un modo escandaloso (Venezuela. Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional. Carmen Zuleta de Merchán. [“Decisiones”]. 3 oct. 2014. [ca. 21 pantallas].
(http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Octubre/169300-1213-31014-2014-13-0482.HTML. [Consulta: 5 mayo 2015])
En efecto, vencido el plazo dicho (seis meses, abril de 2015), se desató una ola de desalojos con sentencia firme en el país (o conatos), uno de ellos de sensible repercusión ¡a apenas dos cuadras del palacio de Miraflores!, no obstante regir en el país un Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas (decreto-ley, Gaceta Oficial 39.668, 6 mayo 2011, decreto nº 8.190), que obliga a seguir procedimientos y cataloga como “forzado” y arbitrario la botadura de una familia a la calle sin tener un lugar donde guarecerse.
Porque que hay que razonar, y ha de hacerse con la magistrada Merchán en cuclillas ante la conciencia, que una sutileza de plazos extraídos irónicamente de la misma ley que regula los desalojos (*) y protege a la familia venezolana es violatoria de los derechos humanos, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la ONU en 1966, vigente desde 1976, pacto parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como puede leerse en su apartado sobre el nivel de vida adecuado para las personas, artículo 11, donde se define desalojo forzoso como "la retirada permanente o temporal en contra de su voluntad de individuos, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, sin la disposición de, y acceso a formas adecuadas de protección jurídica o de otra índole”. ¿Cómo puede un individuo o familia tirado en la calle, sin opción, por encima de cualquier sutileza legal, ineptidud de alguna institución que no surte de refugio a tiempo al desvalido o inclusive propietario asistido de la razón en su reclamo, ser partícipe del disfrute y respeto de sus derechos humanos consagrados por la madurez civilizatoria humana?
La decisión a cargo de la Dra. Merchán, repítese, al dejar de lado, de manera insensible, la figura de una familia echada a la calle, es violatoria de los derechos humanos en tanto promueve mecanismos legales implacables que podrían derivar en situaciones aniquilantes por el sólo hecho de conceder la razón jurídica a la parte demandante (el propietario), por más que la letra de dicha sentencia parezca lavarse las manos atribuyéndole el crimen a la SUNAVI o a los entes del Estado en materia de refugio y vivienda. No parece cumbre del Derecho eso de estar colocando banderas sobre una pila de huesos humanos (arrendatario) en atención nomás al cumplimiento de una mecánica relojesca jurídica, sin apenas considerar qué se esconde detrás de la razón del demandante. ¿Qué le parece, Dra., que un demandante, dueño de 2 mil 500 apartamentos en arriendo, deje en la calle a una familia que no ha tenido tiempo de apañárselas para irse a un refugio? Quizás más justo habría sido sentenciar que en estos casos extremos y peliagudos la razón del demandante (propietario para el caso) procedería sólo si sus derechos humanos fundamentales pudieran estar amenazados o violentados. Sería más hermoso, más humano, más socialista si se es cónsono con los cambios en el alma y el país, menos cosa de libre mercado.
Se tiene, en fin, que por más “legal” y “firme” sea la sentencia con la que se viene un propietario y un juez en contra de una familia venezolana, no deja de ser violatorio de los derechos humanos, según lo considerado.
El tema de los desalojos, delicadísimo tema, con aristas controversiales, invita a la revisión exhaustiva de la ley para catarlo en sus detalles, detalles y esencias que en central instancia protegen a la familia venezolana y hacen historia de un oprobioso pasado de gente lanzada a la calle sin miramientos de ninguna índole. Debe comprender un propietario, serio o indigno, civilizado o salvaje, simple negociante de inmuebles o vil traficante de la necesidad de hábitat ajena, que precisamente la ley surge para enmendar tales entuertos y revestir de derecho al sector arrendatario, tradicional figura en desventaja frente a un dueño con poder apalancado en la necesidad de techo de un montón de gente.
Pero la capital comprensión que ha de tener quienquiera que desee dedicarse al arriendo de inmuebles para vivienda en Venezuela es que los artículos 1 y 2 de la ley establecen que la vivienda posee un valor social a ser protegido como derecho humano y es declarada como una figura de “interés público general, social y colectivo” en toda su materia relacionada, léase arrendamientos de viviendas, pensiones, habitaciones o residencias. De manera que el ilusionado salvajismo de quienes pretenden seguir saltando como jaguares sobre unas dantas en medio de una ciudad y no la selva, necesariamente ha de convertirse en un comportamiento forajido. El prurito mercantilista tiene que ajustarse y ceder ante el hecho mayor de una necesidad patria a ser suplida; si ha de alquilar algún inmueble lo hará bajo contexto legal, sobre un tapete de emergencia nacional, a condición de contribuir con el exorcismo de la necesidad en materia de vivienda.
3.
Mas todo lo anterior, paja que arde al fuego o se la lleva al viento, es fanega que ocupa espacio para significar que en el país existe una parafernalia legal, un piso jurídico (para hablar con la ínfula de quien eventualmente podría enorgullecerse de ello), que significativamente no se cumple.
Selva, deberes, derechos, idealismos, humanismos, procedimientos, justicias, suma de felicidad del pueblo, hachas, jaguares y dantas, son briznas de un discurso fallido en su efecto práctico, nomás ensayado para dar la impresión de compostura cabal, de que en el país existe una legalidad de protección inquilinaria, aunque sea para el ideal ejercicio.
Quien escribe en otros espacios lo ha dicho: la ley es perfecta, suficiente per se, pero ampliamente incumplida, lo cual manda a la porra cualquier sentimiento de belleza (platónicamente hablando), aspiración de verdad y justicia . El ente rector en la materia, SUNAVI, no se da abasto para cubrir la demanda y exorcizar la necesidad nacional apelmazada durante decenios de vieja historia capitalista.
Todo de un trancazo es bajado por la poceta cuando una de las partes, el propietario para el caso violatorio de los derechos humanos mencionados, decide patear la mesa, romper el pacto social, mearse sobre las leyes, encaramarse sobre un árbol de la selva y tomar la justicia por propia mano. Cuando en ausencia del corpus legal, de su efecto de amparo sobre una familia hostigada, decide, por ejemplo, contratar unos sicarios o patota de malandros para expulsar a su inquilino de la vivienda; o cuando, más deportivo inclusive, decide vender el inmueble con la familia y corotos adentros.
La práctica se está implementando. De patotas de malandros, a quienes se le ofrecen entre BsF. 40 y 100 mil, se está pasando a la contratación de espurios colectivos. Sirva el escrito para denunciar, con pruebas sobre la realidad para quien pregunte. Retorno a la cacería, a la época del jaguar, a la barbarie.
Apenas hace unos días murió un señor arrendatario en La Vega, Caracas, en manos de un tercero que buscó la propietaria para desalojarlo (Últimas Noticias [en línea]. Caracas: 25 mayo 2015.
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/sucesos/un-muerto-y-un-herido-tras-discusion-por-desalojo-.aspx. [Consulta: 6 Jun. 2015]). El mismo presidente Nicolás Maduro, después de alarmarse por la cantidad de desalojos que hay con sentencia firme preparada, y luego de enterarse de otros desmanes, como que delincuentes comunes secuestran a personas mayores para venderles el inmueble, acaba de recomendar el retiro de adjudicaciones de vivienda en sitios caóticos.
Ahora mismo en la parroquia San Juan, sector Quinta Crespo, Caracas, entre otros casos, cursa la situación de una señora de la tercera edad junto a su esposo que lleva dieciocho años arrendando una casa; su arrendadora, para no complicarse con los procedimientos del “corpus” legal, entre otros para no cumplir con la preferencia de venta de la que goza la señora, decide vender el inmueble con la familia adentro a un mejor postor (venta nula, por cierto, según Art. 135 citado arriba). Y el tal postor, para posesionarse del inmueble, ha decido echar mano de un espectro de acciones para desalojar a la señora que en nada se compadecen con el debido proceso. Dígase que, para no abundar detalles contraproducentes sobre un caso cuyas partes fueron citadas a conciliar, su desarrollo iba camino (o está en trance) de hacer polvo el más preciado mandamiento de la ley en materia de vivienda: en su efecto, la familia en la calle sin refugio donde pernotar.
Después de tanto ajetrear y finalmente afincarse la doña en el poder popular para diligenciar ante la SUNAVI, poder popular que por ley puede mediar y conciliar en la resolución de problemas de la relación arrendaticia (Art. 147 y 148 de la LRCAV), justo es reconocer que una “prohibición de desalojo” (SUNAVI 00944-05-15, Coordinación del Grupo de Respuesta Antidesalojos Arbitrarios), emitida por el ente rector y presentada ante la autoridad policial, tuvo el efecto de citar a las partes para intentar dirimir. El asunto es que costó una odisea lograr esta respuesta, después de días de la familia bajo hostigamiento, horas de diligencia ante la SUNAVI, tiempo descrito acá en palabras que en nada retratan la urgencia peligrosa del caso. La reflexión entra a cuento a través de esa gran grieta del piso legal que puede significar la existencia de un montón de familias en la misma situación de asedio, desprovista del auxilio de alguna organización social que la oriente. Y puede la ley y la institución, tranquilamente, exonerarse de competencia en tanto mucho de lo que se ve a través de la grieta es ignorancia jurídica; pero el ejemplo de la doña en cuestión, que desde un principio se registró e informó a la SUNAVI de su problema, no puede más que hablar de una orfandad jurídica. Para ella ahora empieza un nuevo capítulo, ya guiada institucionalmente, pero expuesta en horas de descuido a los avatares de un dueño ahora irritado por la “intromisión” policial y por el impedimento moral y de derecho de no poder poner a la señora en la calle tan rápido como lo puede permitir una varita mágica o una ley de la selva, haciendo abstracción de sus derechos constitucionales, ciudadanos, humanos, sociales, hasta de especie con condición gregaria.
Debiera el Derecho por principio humanístico, ¡ah, inevitable idealismo!, ser como el aire mismo que el hombre respira, estar omnipresente en todos los rincones, inclusive allí dentro de esas cápsulas antigravitatorias donde la ignorancia reina, corrigiendo entuertos como el viejo Quijote, rescatando la doncella de la dignidad humana, salvando vidas hasta en los planos donde nadie ni lo invito ni lo desea. No de otro modo fue posible a lo largo de siglos, batallas del pensamiento, sufrimiento de la especie, añejamiento civilizante, la conquista de los derechos humanos y su declaración universal.
(*) Apreciación de entrevista con el Superintendente Nacional de Vivienda, José Rafael Jiménez Villasana. Caracas, SUNAVI, 7 mayo 2015.
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viernes, 22 de mayo de 2015
Carlos Luna Arvelo: Apoyo irrestricto del PSUV para este hombre
Ante la terrible situación que afecta a este camarada y a sus familiares exigimos solidaridad de los militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Si algo debe cultivar un partido revolucionario es la solidaridad.
El Libro Rojo del PSUV contempla en su Artículo 10, entre los deberes del militante o la militante, en su numeral 2 “cumplir con los valores ético-morales, formación, autoformación, disciplina, solidaridad y amor revolucionario” y en su numeral 8 “Luchar incansablemente contra el flagelo de la corrupción”.
En los aciagos momentos que afectan a Alcedo Mora Márquez y a sus familiares y amigos, consecuencia de la “desaparición forzada” a la que éste fue sometido desde el 27 de febrero en Mérida, los militantes del PSUV deben expresar su solidaridad con este camarada, viejo luchador revolucionario quien ya en el pasado fue víctima de la cuarta república.
Sorprende que las autoridades del PSUV permanezcan silentes ante este caso donde se vulneran, de manera expresa, los derechos humanos de un revolucionario que demostró con las denuncias de corrupción que formuló su disposición a defender el Legado de Chávez, a pesar de los riesgos.
Que fácil y oportuno resulta apoyar irrestrictamente a quienes en la revolución ocupan roles estelares, qué difícil ha resultado lograr un apoyo similar entre la dirigencia del Partido a la Causa Alcedo Mora.
Quienes venimos apoyando la Causa Alcedo Mora no desmayaremos y mantendremos la exigencia a las autoridades para que se avoquen al esclarecimiento de la desaparición forzada de Alcedo, sin olvidar además que los hermanos Vergel, refugiados colombianos, corren suerte similar a la de Alcedo.
Bueno el respaldo de la Asamblea Nacional a Diosdado Cabello Rondón, triste que el caso de Alcedo Mora Márquez pase por debajo de la mesa y que las instituciones correspondientes parezcan no estar haciendo nada respecto a este caso.
A Alcedo Vivo se lo llevaron vivo deben devolverlo.
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El Libro Rojo del PSUV contempla en su Artículo 10, entre los deberes del militante o la militante, en su numeral 2 “cumplir con los valores ético-morales, formación, autoformación, disciplina, solidaridad y amor revolucionario” y en su numeral 8 “Luchar incansablemente contra el flagelo de la corrupción”.
En los aciagos momentos que afectan a Alcedo Mora Márquez y a sus familiares y amigos, consecuencia de la “desaparición forzada” a la que éste fue sometido desde el 27 de febrero en Mérida, los militantes del PSUV deben expresar su solidaridad con este camarada, viejo luchador revolucionario quien ya en el pasado fue víctima de la cuarta república.
Sorprende que las autoridades del PSUV permanezcan silentes ante este caso donde se vulneran, de manera expresa, los derechos humanos de un revolucionario que demostró con las denuncias de corrupción que formuló su disposición a defender el Legado de Chávez, a pesar de los riesgos.
Que fácil y oportuno resulta apoyar irrestrictamente a quienes en la revolución ocupan roles estelares, qué difícil ha resultado lograr un apoyo similar entre la dirigencia del Partido a la Causa Alcedo Mora.
Quienes venimos apoyando la Causa Alcedo Mora no desmayaremos y mantendremos la exigencia a las autoridades para que se avoquen al esclarecimiento de la desaparición forzada de Alcedo, sin olvidar además que los hermanos Vergel, refugiados colombianos, corren suerte similar a la de Alcedo.
Bueno el respaldo de la Asamblea Nacional a Diosdado Cabello Rondón, triste que el caso de Alcedo Mora Márquez pase por debajo de la mesa y que las instituciones correspondientes parezcan no estar haciendo nada respecto a este caso.
A Alcedo Vivo se lo llevaron vivo deben devolverlo.
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domingo, 5 de abril de 2015
Nicmer Evans: Maduro, Alcedo está desaparecido y la corrupción va ganando
La desaparición de Alcedo Mora Márquez, como toda desaparición, es desesperante, en primer lugar para su familia, y en segundo lugar para los que luchamos por las causas que creemos justas. Pero la desaparición de Alcedo es doblemente indignante, porque previa a la misma, este hombre comprometido con los valores socialistas reales, había denunciado hechos de corrupción en PDVSA, y ante su primer éxito logrando que se detuvieran algunos funcionarios, intentó ir más arriba, pero se encontró con la instrucción de que “no se puede meter en ese peo”, tal como informan sus familiares que le respondiera su jefe en la Gobernación de Mérida, ante las pruebas irrefutables que consignaba para contribuir con desmontar el cáncer que carcome a nuestra revolución.
Son muchas las cosas que se deben aclarar sobre el caso Alcedo Mora, como por ejemplo la supuesta llamada del SEBIN recibida por el Gobernador de Mérida, tal como informan los familiares que le comunicó el Dr. Luis Martínez (su jefe en la Gobernación) a Alcedo, pretendiendo incriminarlo en un caso de secuestro, llamada que si es cierta, pareciera una típica acción de amedrentamiento.
Pero lo más grave que hoy debemos aclarar es por qué después de más de un mes de la desaparición de Alcedo Mora, dirigente popular del estado Mérida, con una amplia trayectoria de lucha por lo justo, no existe pronunciamiento alguno de autoridades nacionales que se aboquen a la búsqueda de Alcedo.
La situación es tan indignante, que Provea se ha abocado al caso, mientras que la Defensoría del Pueblo, ante un acción inicial muy activa, ya no ha tenido ni más presencia ni más pronunciamiento sobre el tema, mientras que el Fiscal Orlando Padrón designado para el caso, según me informa parte del equipo de trabajo de Alcedo, afirma estar trabajando separado del CICPC, entre otra cosas, porque se sospecha asociación de miembros de este cuerpo con la desaparición de Alcedo, que los familiares suponen, ha estado en manos de funcionarios del Estado.
Son dos los llamados que podemos hacer sobre este terrible caso: 1.- Que se asuma como un caso nacional de implicaciones relevantes, ya que la lucha contra la corrupción, no puede ser obstaculizada por estructuras paraestatales amparadas en las estructuras del Estado, atentando contra integridad de quienes luchan porque nuestro proceso revolucionario se depure. 2.- Es imprescindible que de manera inmediata se informe sobre las pesquisas y avances de la investigación, y se haga saber cuáles han sido los pasos para el rastreo de Alcedo, ya que la aspiración y el objetivo final de todos es encontrarlo.
Es urgente que la lucha contra la corrupción sea una lucha nacional, que sea acompañada por todo el pueblo y sus instituciones, y que no exista posibilidad alguna de que su acción sea amparada por los órganos de seguridad, y para eso, Alcedo debe aparecer, y los responsables de su desaparición deben pagar por los daños causados a su familia, al proceso revolucionario y al país.
nicmerevans@gmail.com
@NicmerEvans
evansnicmer.blogspot.com
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Son muchas las cosas que se deben aclarar sobre el caso Alcedo Mora, como por ejemplo la supuesta llamada del SEBIN recibida por el Gobernador de Mérida, tal como informan los familiares que le comunicó el Dr. Luis Martínez (su jefe en la Gobernación) a Alcedo, pretendiendo incriminarlo en un caso de secuestro, llamada que si es cierta, pareciera una típica acción de amedrentamiento.
Pero lo más grave que hoy debemos aclarar es por qué después de más de un mes de la desaparición de Alcedo Mora, dirigente popular del estado Mérida, con una amplia trayectoria de lucha por lo justo, no existe pronunciamiento alguno de autoridades nacionales que se aboquen a la búsqueda de Alcedo.
La situación es tan indignante, que Provea se ha abocado al caso, mientras que la Defensoría del Pueblo, ante un acción inicial muy activa, ya no ha tenido ni más presencia ni más pronunciamiento sobre el tema, mientras que el Fiscal Orlando Padrón designado para el caso, según me informa parte del equipo de trabajo de Alcedo, afirma estar trabajando separado del CICPC, entre otra cosas, porque se sospecha asociación de miembros de este cuerpo con la desaparición de Alcedo, que los familiares suponen, ha estado en manos de funcionarios del Estado.
Son dos los llamados que podemos hacer sobre este terrible caso: 1.- Que se asuma como un caso nacional de implicaciones relevantes, ya que la lucha contra la corrupción, no puede ser obstaculizada por estructuras paraestatales amparadas en las estructuras del Estado, atentando contra integridad de quienes luchan porque nuestro proceso revolucionario se depure. 2.- Es imprescindible que de manera inmediata se informe sobre las pesquisas y avances de la investigación, y se haga saber cuáles han sido los pasos para el rastreo de Alcedo, ya que la aspiración y el objetivo final de todos es encontrarlo.
Es urgente que la lucha contra la corrupción sea una lucha nacional, que sea acompañada por todo el pueblo y sus instituciones, y que no exista posibilidad alguna de que su acción sea amparada por los órganos de seguridad, y para eso, Alcedo debe aparecer, y los responsables de su desaparición deben pagar por los daños causados a su familia, al proceso revolucionario y al país.
nicmerevans@gmail.com
@NicmerEvans
evansnicmer.blogspot.com
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viernes, 27 de marzo de 2015
Felipe González y el intento de restauración de la democracia liberal en Venezuela
El decreto del presidente Barack Obama en el que se declaró a Venezuela como una amenaza “inusual” para la seguridad nacional de Estados Unidos, fue la más evidente expresión de la escalada de la campaña internacional contra el Gobierno de Nicolás Maduro y contra toda la nación venezolana. La derecha internacional coaligada vuelve por sus fueros, actuando articulada y sistemáticamente contra Venezuela, contando además con los esfuerzos de algunos ex presidentes “socialistas” como el español Felipe González.
Es verdad, como dijo recientemente el politólogo Manuel Montañés, que puede llegar a resultar una verdadera calamidad lo que ocurre con algunos ex presidentes que, luego de pasar a la jubilación, pretenden “matar un tigrito” interviniendo en los asuntos internos de países soberanos y fungiendo de defensores de causas perdidas. Fue el caso, por ejemplo, de la visita al país el pasado enero de Sebastián Piñera, Felipe Calderón y Andrés Pastrana, ex presientes de Chile, México y Colombia, respectivamente, quienes participaron en foros sobre “la democracia de hoy”, y fueron considerados por los voceros de la extrema derecha venezolana como una suerte de héroes que con su presencia demostraban su compromiso por la libertad y la democracia en Venezuela.
Aquella visita de los paladines de la democracia neoliberal, se dio en el contexto de la trama de una nueva intentona golpista que fracasaría, y que develaría además la participación como socio y asesor del plan al alcalde metropolitano Antonio Ledezma, hoy preso por tales razones. Es así, como los restauradores de la democracia tipo “Ancien Régime” en América Latina, desempolvaron al español Felipe González quien, recordemos, ya estuvo en Venezuela en el año 2012 ―no por casualidad, también año electoral― acompañado por sus panas del socialismo liberal, los ex presidentes Ricardo Lagos y Fernando Henrique Cardoso. En esa oportunidad, vinieron también a hablar de democracia y libertad invitados por Banesco, institución que venía organizando este tipo de foros en los últimos años, y que incluso había traído al glasnost Mikhail Gorbachev.
Esta vez, el líder histórico del PSOE viene con la intención de defender a Leopoldo López y Antonio Ledezma. Ahora bien, en este nuevo contexto hemos notado algunos elementos en su discurso que, como muchos habrán notado, coincide con lo que ha dicho el senador estadounidense anti cubano y anti venezolano Marco Rubio, e incluso con lo que dijo el ex presidente ecuatoriano y también antichavista fracasado, Lucio Gutiérrez, solo un día después del decreto injerencista de Obama. Este último, preocupado por el encarcelamiento de Ledezma, dijo que “la democracia no es solo ganar elecciones y más cuando estas son cuestionadas”, afirmación que fue precedida por la defensa del voto popular que eligió a Ledezma ¿Y entonces?
Sin embargo, tales declaraciones no fueron una noticia tan difundida como sí lo fue la primera audiencia en contra Venezuela de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, dirigida por el senador de origen cubano Marco Rubio, y que tuvo por nombre “Profundización de la Crisis Política y Económica en Venezuela y sus implicaciones en los intereses de Estados Unidos y el Hemisferio Occidental”. Durante su primera intervención, Rubio dijo: “Venezuela ha dejado de ser una democracia”. Es decir, reconocen que Venezuela siempre ha sido una democracia, asumiendo que no les funcionó aquello de la “dictadura chavista”, y plantean ahora que Venezuela es algo así como una democracia degenerada dado que no respeta los “derechos humanos”. ¿Qué dice Felipe González? Veamos.
La campaña, diseñada evidentemente en los think thanks al servicio de las élites mundiales, expresa la estrategia que hemos visto desde el 2012 en algunos sectores de la oposición: la de usufructuar el discurso crítico emancipador chavista en el contexto de la súper visibilización de los problemas propios de un proceso político democrático como la Revolución bolivariana. Esta vez, junto a la campaña que pretende presentar al Gobierno bolivariano como violador de derechos humanos, surge un discurso que no habla de dictadura, como ocurrió en la era del Comandante Chávez, sino de “democracia deficiente”. Así lo expresan las palabras de González, quien añadió a la sutil campaña la idea de que en Venezuela "se vota", pero "votar no culmina la definición como democrático o no de un país".
Queremos destacar el carácter sutil de los elementos presentes en el discurso, dado que esta vez no están hablando directamente de dictadura castro-comunista ―discurso súbitamente pasado de moda luego del restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos― sino de “déficits democráticos”. Más adelante, el político declara que le parece "peculiar" que el propio presidente Maduro “acuse a López y Ledezma de estar detrás de violentas revueltas y de intento de golpe de Estado, y no lo haga un fiscal o un juez”, una reflexión que aparte de ser tramposa, está orientada a volver con el discurso de que no hay separación de poderes en Venezuela; y es tramposa, porque González sugiere que Maduro usurpó funciones que le corresponden al Tribunal Supremo de Justicia, pero una cosa es una “acusación” en el contexto de la diatriba política, y otra una acusación legal emanada de un tribunal.
Ante la incuestionable verdad de que Venezuela es un país campeón en la realización de elecciones con cifras récord en materia de participación ciudadana, y que ha postulado en el marco de la Revolución la democracia participativa y protagónica como democracia real cuya esencia es la participación directa de la gente en los asuntos que le conciernen, en contraposición a la democracia liberal representativa que considera a las elecciones cada tantos años como la esencia del sistema democrático, ahora los adláteres de esta falsa democracia, en su contraofensiva liberal-restauradora, pretenden robar el discurso revolucionario que plantea que la democracia real es mucho más que elecciones.
La democracia venezolana, en los años de la Revolución bolivariana se convirtió en una de las más dinámicas y participativas del mundo, y su característica fundamental es, precisamente, que ha ido mucho más allá de las elecciones cada 5 años. De tal manera, Felipe González matará su tigrito, bien, pero auguramos desde ya que será una mala inversión.
Amaury González V. / @maurogonzag
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Es verdad, como dijo recientemente el politólogo Manuel Montañés, que puede llegar a resultar una verdadera calamidad lo que ocurre con algunos ex presidentes que, luego de pasar a la jubilación, pretenden “matar un tigrito” interviniendo en los asuntos internos de países soberanos y fungiendo de defensores de causas perdidas. Fue el caso, por ejemplo, de la visita al país el pasado enero de Sebastián Piñera, Felipe Calderón y Andrés Pastrana, ex presientes de Chile, México y Colombia, respectivamente, quienes participaron en foros sobre “la democracia de hoy”, y fueron considerados por los voceros de la extrema derecha venezolana como una suerte de héroes que con su presencia demostraban su compromiso por la libertad y la democracia en Venezuela.
Aquella visita de los paladines de la democracia neoliberal, se dio en el contexto de la trama de una nueva intentona golpista que fracasaría, y que develaría además la participación como socio y asesor del plan al alcalde metropolitano Antonio Ledezma, hoy preso por tales razones. Es así, como los restauradores de la democracia tipo “Ancien Régime” en América Latina, desempolvaron al español Felipe González quien, recordemos, ya estuvo en Venezuela en el año 2012 ―no por casualidad, también año electoral― acompañado por sus panas del socialismo liberal, los ex presidentes Ricardo Lagos y Fernando Henrique Cardoso. En esa oportunidad, vinieron también a hablar de democracia y libertad invitados por Banesco, institución que venía organizando este tipo de foros en los últimos años, y que incluso había traído al glasnost Mikhail Gorbachev.
Esta vez, el líder histórico del PSOE viene con la intención de defender a Leopoldo López y Antonio Ledezma. Ahora bien, en este nuevo contexto hemos notado algunos elementos en su discurso que, como muchos habrán notado, coincide con lo que ha dicho el senador estadounidense anti cubano y anti venezolano Marco Rubio, e incluso con lo que dijo el ex presidente ecuatoriano y también antichavista fracasado, Lucio Gutiérrez, solo un día después del decreto injerencista de Obama. Este último, preocupado por el encarcelamiento de Ledezma, dijo que “la democracia no es solo ganar elecciones y más cuando estas son cuestionadas”, afirmación que fue precedida por la defensa del voto popular que eligió a Ledezma ¿Y entonces?
Sin embargo, tales declaraciones no fueron una noticia tan difundida como sí lo fue la primera audiencia en contra Venezuela de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, dirigida por el senador de origen cubano Marco Rubio, y que tuvo por nombre “Profundización de la Crisis Política y Económica en Venezuela y sus implicaciones en los intereses de Estados Unidos y el Hemisferio Occidental”. Durante su primera intervención, Rubio dijo: “Venezuela ha dejado de ser una democracia”. Es decir, reconocen que Venezuela siempre ha sido una democracia, asumiendo que no les funcionó aquello de la “dictadura chavista”, y plantean ahora que Venezuela es algo así como una democracia degenerada dado que no respeta los “derechos humanos”. ¿Qué dice Felipe González? Veamos.
La campaña, diseñada evidentemente en los think thanks al servicio de las élites mundiales, expresa la estrategia que hemos visto desde el 2012 en algunos sectores de la oposición: la de usufructuar el discurso crítico emancipador chavista en el contexto de la súper visibilización de los problemas propios de un proceso político democrático como la Revolución bolivariana. Esta vez, junto a la campaña que pretende presentar al Gobierno bolivariano como violador de derechos humanos, surge un discurso que no habla de dictadura, como ocurrió en la era del Comandante Chávez, sino de “democracia deficiente”. Así lo expresan las palabras de González, quien añadió a la sutil campaña la idea de que en Venezuela "se vota", pero "votar no culmina la definición como democrático o no de un país".
Queremos destacar el carácter sutil de los elementos presentes en el discurso, dado que esta vez no están hablando directamente de dictadura castro-comunista ―discurso súbitamente pasado de moda luego del restablecimiento de las relaciones Cuba-Estados Unidos― sino de “déficits democráticos”. Más adelante, el político declara que le parece "peculiar" que el propio presidente Maduro “acuse a López y Ledezma de estar detrás de violentas revueltas y de intento de golpe de Estado, y no lo haga un fiscal o un juez”, una reflexión que aparte de ser tramposa, está orientada a volver con el discurso de que no hay separación de poderes en Venezuela; y es tramposa, porque González sugiere que Maduro usurpó funciones que le corresponden al Tribunal Supremo de Justicia, pero una cosa es una “acusación” en el contexto de la diatriba política, y otra una acusación legal emanada de un tribunal.
Ante la incuestionable verdad de que Venezuela es un país campeón en la realización de elecciones con cifras récord en materia de participación ciudadana, y que ha postulado en el marco de la Revolución la democracia participativa y protagónica como democracia real cuya esencia es la participación directa de la gente en los asuntos que le conciernen, en contraposición a la democracia liberal representativa que considera a las elecciones cada tantos años como la esencia del sistema democrático, ahora los adláteres de esta falsa democracia, en su contraofensiva liberal-restauradora, pretenden robar el discurso revolucionario que plantea que la democracia real es mucho más que elecciones.
La democracia venezolana, en los años de la Revolución bolivariana se convirtió en una de las más dinámicas y participativas del mundo, y su característica fundamental es, precisamente, que ha ido mucho más allá de las elecciones cada 5 años. De tal manera, Felipe González matará su tigrito, bien, pero auguramos desde ya que será una mala inversión.
Amaury González V. / @maurogonzag
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miércoles, 25 de marzo de 2015
Cuba y Venezuela: de la buena distribución a la buena producción de riquezas
El proceso de actualización del socialismo en Cuba en el contexto del restablecimiento de las relaciones entre este país y Estados Unidos, anunciado el pasado diciembre, ha generado una serie de procesos que están siendo seguidos por la comunidad internacional, una realidad que, como hemos venido diciendo, debe ser seguida de cerca por los pensadores revolucionarios de la región.
Como los lectores que han seguido las últimas entradas ya deben saber de dónde vienen estas reflexiones, pasaremos a entrar en materia sin mucho preámbulo. Si la reflexión del economista cubano Juan Triana Cordoví según la cual “El Estado debe guiar y corregir al mercado, gobernar con el mercado, no contra él ni para él”, resulta interesante y da para debates acalorados, no menos interesante resulta su balance histórico sobre el desarrollo y la producción de riqueza en Cuba.
Como planteamos al principio de esta serie de artículos, estas reflexiones nos parecen inestimables desde la perspectiva de las lecciones que se podrían extraer para la experiencia de emancipación social venezolana. “Cuba supo distribuir muy bien la riqueza pero no hemos sabido producir bien esa riqueza”, estableció el asesor de Raúl Castro, señalando que las razones “son históricas”, en alusión a la relación con la ex Unión Soviética, cuyos beneficios hicieron que Cuba “se confiara” y no generara los cambios estructurales necesarios para producir riqueza.
Triana, llama “bono externo” a los beneficios que obtuvo Cuba de su estrecha relación con el bloque soviético mientras duró la época de la “guerra fría”, y que terminaron convirtiéndose en el obstáculo al surgimiento de una dinámica productiva autónoma; en obstáculo para la industrialización. En otras palabras, la estabilidad y bienestar material que los soviéticos pudieron brindar a Cuba se tornó en dependencia tecnológica y en freno del desarrollo de las fuerzas productivas vernáculas. En Venezuela, nosotros hemos tenido nuestro propio y avasallante “bono externo”, un benefactor que si bien no es un aliado internacional súper-poderoso, si se convirtió en un formidable generador de confianza y comodidad, y por tanto en obstáculo para la industrialización: la renta petrolera.
Para el asesor cubano, en aquel contexto, ser pragmáticos hubiera significado atraer inversión extranjera y reducir el Estado, concretándolo a los sectores estratégicos para el país. Como puede advertirse, no se trata de la tesis del Estado mínimo; como puede notarse, los “bonos externos” son malos para el desarrollo, para la producción interna de riquezas.
Evidentemente, el contexto venezolano es el de un país que ha sabido distribuir la riqueza, pero que no ha sabido “producir bien” esa riqueza; hoy, trabaja arduamente para conseguirlo.
@maurogonzag
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Como los lectores que han seguido las últimas entradas ya deben saber de dónde vienen estas reflexiones, pasaremos a entrar en materia sin mucho preámbulo. Si la reflexión del economista cubano Juan Triana Cordoví según la cual “El Estado debe guiar y corregir al mercado, gobernar con el mercado, no contra él ni para él”, resulta interesante y da para debates acalorados, no menos interesante resulta su balance histórico sobre el desarrollo y la producción de riqueza en Cuba.
Como planteamos al principio de esta serie de artículos, estas reflexiones nos parecen inestimables desde la perspectiva de las lecciones que se podrían extraer para la experiencia de emancipación social venezolana. “Cuba supo distribuir muy bien la riqueza pero no hemos sabido producir bien esa riqueza”, estableció el asesor de Raúl Castro, señalando que las razones “son históricas”, en alusión a la relación con la ex Unión Soviética, cuyos beneficios hicieron que Cuba “se confiara” y no generara los cambios estructurales necesarios para producir riqueza.
Triana, llama “bono externo” a los beneficios que obtuvo Cuba de su estrecha relación con el bloque soviético mientras duró la época de la “guerra fría”, y que terminaron convirtiéndose en el obstáculo al surgimiento de una dinámica productiva autónoma; en obstáculo para la industrialización. En otras palabras, la estabilidad y bienestar material que los soviéticos pudieron brindar a Cuba se tornó en dependencia tecnológica y en freno del desarrollo de las fuerzas productivas vernáculas. En Venezuela, nosotros hemos tenido nuestro propio y avasallante “bono externo”, un benefactor que si bien no es un aliado internacional súper-poderoso, si se convirtió en un formidable generador de confianza y comodidad, y por tanto en obstáculo para la industrialización: la renta petrolera.
Para el asesor cubano, en aquel contexto, ser pragmáticos hubiera significado atraer inversión extranjera y reducir el Estado, concretándolo a los sectores estratégicos para el país. Como puede advertirse, no se trata de la tesis del Estado mínimo; como puede notarse, los “bonos externos” son malos para el desarrollo, para la producción interna de riquezas.
Evidentemente, el contexto venezolano es el de un país que ha sabido distribuir la riqueza, pero que no ha sabido “producir bien” esa riqueza; hoy, trabaja arduamente para conseguirlo.
@maurogonzag
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lunes, 23 de marzo de 2015
Thierry Meyssan: Netanyahu pone fin a la "solución de los 2 Estados"
La campaña electoral israelí sirvió de marco para decretar el fallecimiento de los acuerdos de Oslo, que Yitzhak Rabin y Yaser Arafat habían impuesto a sus pueblos respectivos. Benyamin Netanyahu ha arrastrado así a los colonos judíos a un callejón sin salida que resultará obligatoriamente fatal para el régimen colonial de Tel Aviv. Al igual que en el caso de Rhodesia, que sólo vivió 15 años, a partir de este momento el Estado hebreo tiene los días contados.
Durante su campaña electoral, Benyamin Netanyahu afirmó con toda franqueza que, mientras él viva, los palestinos nunca tendrán su propio Estado. Con esa declaración, Netanyahu puso fin a un «proceso de paz» que venía prolongándose desde los acuerdos de Oslo, firmados hace más de 21 años. Así termina el espejismo de la «solución de los 2 Estados».
Netanyahu ha asumido la postura de un bravucón, capaz de garantizar la seguridad pública de la colonia judía aplastando a la población autóctona.
- Aportó su apoyo a al-Qaeda en Siria;
- atacó al Hezbollah en la frontera del Golán, matando a un general de los Guardianes de la Revolución iraníes y a Jihad Moghniyé, dirigente del Hezbollah;
- Desafió al présidente Obama en Washington denunciando ante el Congreso estadounidense los acuerdos que su administración está negociando con Irán.
Los electores israelíes optaron por la vía de Netanyahu, que es la de la fuerza.
Sin embargo, un análisis más detallado muestra que todo eso no tiene nada de especialmente glorioso y, sobre todo, no tiene futuro.
En la frontera del Golán, Netanyahu sustituyó la fuerza de interposición de la ONU por el Frente al-Nusra, la rama local de al-Qaeda. Le dio apoyo logístico a través de la frontera y posó para los fotógrafos junto a jefes terroristas en un hospital militar israelí. Sin embargo, la guerra contra Siria es una derrota para Occidente y las monarquías del Golfo. Según la ONU, la República Árabe Siria logra garantizar la seguridad sólo en el 60% de su territorio, cifra engañosa ya que el resto del país es un vasto desierto, por definición incontrolable. Pero, también según la ONU, los «revolucionarios» y las poblaciones que los apoyan, ya sean yihadistas o «moderados» (o sea, abiertamente proisraelíes), son sólo 212 000 personas entre los 24 millones de sirios, lo cual representa menos de un 1% de la población.
Varias personalidades murieron en el ataque contra el Hezbollah, pero la venganza de este último no se hizo esperar. Netanyahu afirmaba que la Resistencia libanesa estaba empantanada en Siria y que ello le impediría responder a la agresión. Pero varios días después, con fría precisión matemática, precisamente a la misma hora que el ataque israelí, el Hezbollah mató exactamente la misma cantidad de soldados israelíes en la región ocupada de las Granjas de Shebaa. Al escoger esa zona, considerada como la más protegida por las tropas israelíes, el Hezbollah lanzaba un mensaje destinado a mostrar su poder absolutamente disuasivo. El Estado hebreo comprendió que ya no tiene todos los triunfos en sus manos y prefirió no reaccionar ante la respuesta de la Resistencia libanesa.
Finalmente, el desafío de Netanyahu al presidente Obama puede costarle muy caro a Israel. Estados Unidos está negociando con Irán una paz regional que le permita sacar del Medio Oriente el grueso de las tropas estadounidenses. Lo que Washington tiene en mente es apostar por el presidente Rohani para convertir un Estado revolucionario en una simple potencia regional. Estados Unidos reconocería la influencia iraní en Irak, Siria y Líbano. Pero también lo haría en Bahréin y Yemen. A cambio de ello, Teherán renunciaría a exportar su revolución hacia África y Latinoamérica. Para garantizar su abandono del proyecto del imam Khomeiny, Irán renunciaría a su desarrollo militar, principalmente –aunque no únicamente– en el sector nuclear (es importante señalar aquí una vez más que no se trata de la fabricación de la bomba atómica sino de la producción de motores nucleares). La exasperación del presidente Obama es tan acentuada que el reconocimiento de la influencia iraní podría extenderse incluso a Palestina.
Benyamin Netanyahu sigue los pasos de Ian Smith, quien en 1965 se negó a reconocer los derechos cívicos de la población negra en Rhodesia, rompió con Londres y proclamó la independencia. Ian Smith nunca logró gobernar a derechas el Estado colonial que había proclamado, que se vio devorado por la resistencia de la Unión Nacional Africana de Robert Mugabe. Quince años después, Smith se vio obligado a dimitir, Rhodesia se convertía en el actual Zimbabwe y la mayoría negra llegaba al poder.
La fanfarronería de Netanyahu, al igual que la de Ian Smith en sus tiempos, es un intento de disimular el callejón sin salida donde ha metido a los colonos. Buscando a toda costa ganar tiempo, durante los 5 últimos años, en vez de aplicar los acuerdos de Oslo, Netanyahu no ha hecho más que acentuar la frustración de la población autóctona. Y al anunciar ahora que hizo esperar a la Autoridad Palestina inútilmente está creando las condiciones para un cataclismo.
Ramallah anunció de inmediato que pondrá fin a toda cooperación con Tel Aviv en materia de seguridad si Netanyahu es nombrado nuevamente primer ministro para iniciar la aplicación de su nuevo programa. De producirse esa ruptura entre la Autoridad Palestina y Tel Aviv, es muy probable que la población de Cisjordania, y –por supuesto– también la de Gaza, se enfrente de nuevo a las fuerzas de seguridad de Israel, en lo que sería la Tercera Intifada.
El temor de las fuerzas armadas de Israel de que esa situación llegue a producirse es tan grande que sus principales oficiales retirados de alta graduación han creado una asociación llamada Commanders for Israel’s Security, que ha lanzado constantes advertencias contra la política del primer ministro, quien por su parte no ha logrado constituir una asociación para defender su política. Los militares israelíes han entendido perfectamente que Israel podría extender aún más su hegemonía, como en Sudán del Sur o en el Kurdistán iraquí, pero que ya no podrá seguir extendiendo su territorio. El sueño de construir un Estado colonial desde el Nilo hasta el Éufrates resulta irrealizable y es cosa de un siglo que ha quedado atrás.
Al rechazar la «solución de los 2 Estados», Benyamin Netanyahu cree estar abriendo el camino a una solución de estilo rhodesiano, un ejemplo que ya resultó inviable. El primer ministro puede celebrar hoy su victoria, pero esta será de corta duración.
En realidad, su ceguera abre el camino a otras 2 opciones: una solución de tipo argelino, con la expulsión de millones de colonos, muchos de los cuales ni siquiera cuentan con otra patria que los acoja; o una solución de estilo sudafricano, o sea la integración de la mayoría palestina al Estado de Israel según el principio «un hombre, un voto», única opcion humanamente aceptable.
Fuente: Red Voltaire
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Durante su campaña electoral, Benyamin Netanyahu afirmó con toda franqueza que, mientras él viva, los palestinos nunca tendrán su propio Estado. Con esa declaración, Netanyahu puso fin a un «proceso de paz» que venía prolongándose desde los acuerdos de Oslo, firmados hace más de 21 años. Así termina el espejismo de la «solución de los 2 Estados».
Netanyahu ha asumido la postura de un bravucón, capaz de garantizar la seguridad pública de la colonia judía aplastando a la población autóctona.
- Aportó su apoyo a al-Qaeda en Siria;
- atacó al Hezbollah en la frontera del Golán, matando a un general de los Guardianes de la Revolución iraníes y a Jihad Moghniyé, dirigente del Hezbollah;
- Desafió al présidente Obama en Washington denunciando ante el Congreso estadounidense los acuerdos que su administración está negociando con Irán.
Los electores israelíes optaron por la vía de Netanyahu, que es la de la fuerza.
Sin embargo, un análisis más detallado muestra que todo eso no tiene nada de especialmente glorioso y, sobre todo, no tiene futuro.
En la frontera del Golán, Netanyahu sustituyó la fuerza de interposición de la ONU por el Frente al-Nusra, la rama local de al-Qaeda. Le dio apoyo logístico a través de la frontera y posó para los fotógrafos junto a jefes terroristas en un hospital militar israelí. Sin embargo, la guerra contra Siria es una derrota para Occidente y las monarquías del Golfo. Según la ONU, la República Árabe Siria logra garantizar la seguridad sólo en el 60% de su territorio, cifra engañosa ya que el resto del país es un vasto desierto, por definición incontrolable. Pero, también según la ONU, los «revolucionarios» y las poblaciones que los apoyan, ya sean yihadistas o «moderados» (o sea, abiertamente proisraelíes), son sólo 212 000 personas entre los 24 millones de sirios, lo cual representa menos de un 1% de la población.
Varias personalidades murieron en el ataque contra el Hezbollah, pero la venganza de este último no se hizo esperar. Netanyahu afirmaba que la Resistencia libanesa estaba empantanada en Siria y que ello le impediría responder a la agresión. Pero varios días después, con fría precisión matemática, precisamente a la misma hora que el ataque israelí, el Hezbollah mató exactamente la misma cantidad de soldados israelíes en la región ocupada de las Granjas de Shebaa. Al escoger esa zona, considerada como la más protegida por las tropas israelíes, el Hezbollah lanzaba un mensaje destinado a mostrar su poder absolutamente disuasivo. El Estado hebreo comprendió que ya no tiene todos los triunfos en sus manos y prefirió no reaccionar ante la respuesta de la Resistencia libanesa.
Finalmente, el desafío de Netanyahu al presidente Obama puede costarle muy caro a Israel. Estados Unidos está negociando con Irán una paz regional que le permita sacar del Medio Oriente el grueso de las tropas estadounidenses. Lo que Washington tiene en mente es apostar por el presidente Rohani para convertir un Estado revolucionario en una simple potencia regional. Estados Unidos reconocería la influencia iraní en Irak, Siria y Líbano. Pero también lo haría en Bahréin y Yemen. A cambio de ello, Teherán renunciaría a exportar su revolución hacia África y Latinoamérica. Para garantizar su abandono del proyecto del imam Khomeiny, Irán renunciaría a su desarrollo militar, principalmente –aunque no únicamente– en el sector nuclear (es importante señalar aquí una vez más que no se trata de la fabricación de la bomba atómica sino de la producción de motores nucleares). La exasperación del presidente Obama es tan acentuada que el reconocimiento de la influencia iraní podría extenderse incluso a Palestina.
Benyamin Netanyahu sigue los pasos de Ian Smith, quien en 1965 se negó a reconocer los derechos cívicos de la población negra en Rhodesia, rompió con Londres y proclamó la independencia. Ian Smith nunca logró gobernar a derechas el Estado colonial que había proclamado, que se vio devorado por la resistencia de la Unión Nacional Africana de Robert Mugabe. Quince años después, Smith se vio obligado a dimitir, Rhodesia se convertía en el actual Zimbabwe y la mayoría negra llegaba al poder.
La fanfarronería de Netanyahu, al igual que la de Ian Smith en sus tiempos, es un intento de disimular el callejón sin salida donde ha metido a los colonos. Buscando a toda costa ganar tiempo, durante los 5 últimos años, en vez de aplicar los acuerdos de Oslo, Netanyahu no ha hecho más que acentuar la frustración de la población autóctona. Y al anunciar ahora que hizo esperar a la Autoridad Palestina inútilmente está creando las condiciones para un cataclismo.
Ramallah anunció de inmediato que pondrá fin a toda cooperación con Tel Aviv en materia de seguridad si Netanyahu es nombrado nuevamente primer ministro para iniciar la aplicación de su nuevo programa. De producirse esa ruptura entre la Autoridad Palestina y Tel Aviv, es muy probable que la población de Cisjordania, y –por supuesto– también la de Gaza, se enfrente de nuevo a las fuerzas de seguridad de Israel, en lo que sería la Tercera Intifada.
El temor de las fuerzas armadas de Israel de que esa situación llegue a producirse es tan grande que sus principales oficiales retirados de alta graduación han creado una asociación llamada Commanders for Israel’s Security, que ha lanzado constantes advertencias contra la política del primer ministro, quien por su parte no ha logrado constituir una asociación para defender su política. Los militares israelíes han entendido perfectamente que Israel podría extender aún más su hegemonía, como en Sudán del Sur o en el Kurdistán iraquí, pero que ya no podrá seguir extendiendo su territorio. El sueño de construir un Estado colonial desde el Nilo hasta el Éufrates resulta irrealizable y es cosa de un siglo que ha quedado atrás.
Al rechazar la «solución de los 2 Estados», Benyamin Netanyahu cree estar abriendo el camino a una solución de estilo rhodesiano, un ejemplo que ya resultó inviable. El primer ministro puede celebrar hoy su victoria, pero esta será de corta duración.
En realidad, su ceguera abre el camino a otras 2 opciones: una solución de tipo argelino, con la expulsión de millones de colonos, muchos de los cuales ni siquiera cuentan con otra patria que los acoja; o una solución de estilo sudafricano, o sea la integración de la mayoría palestina al Estado de Israel según el principio «un hombre, un voto», única opcion humanamente aceptable.
Fuente: Red Voltaire
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miércoles, 18 de marzo de 2015
Amaury González: Cuba, Venezuela, Estado, mercado y desarrollo
La sociedad socialista a la que aspira Cuba en esta nueva etapa, en palabras del economista Juan Triana Cordoví, es una sociedad que ha logrado garantizar el desarrollo amplio de las personas en base a su trabajo y su contribución al país. Así lo afirmó en entrevista en el programa Análisis Situacional del pasado 8 de marzo en el canal Globovisión, y que fue repetido el pasado domingo.
En artículos anteriores, hemos venido analizando los planteamientos que hizo este economista cubano, miembro de la Comisión Asesora para los Lineamientos Económicos del Presidente Raúl Castro, con el propósito de analizar y destacar planteamientos que arrojan luz sobre el proceso de actualización del socialismo que se desarrolla en la isla, y que a nuestro juicio están sirviendo de ejemplo al resto de los países de la región, particularmente a Venezuela, como país enrumbado hacia su particular tipo de socialismo.
Hasta ahora, hemos destacado los planteamientos que han señalado la importancia de inversión extranjera directa, la acumulación y reproducción del capital, y la idea de la preeminencia de la justicia sobre la igualdad. Triana, fue certero y contundente cuando afirmó que “Cuba practicó una igualdad sin límites que generó injusticias”, a propósito de una reflexión del presidente Raúl Castro, en la que este habló de la construcción de una sociedad menos igualitaria pero tal vez más justa. Y si estas reflexiones podrían alarmar a los revolucionarios cuyo imaginario de la Revolución cubana quedó anclado en los años sesenta, cabe destacar que en la base de esta visión emergente está, como puede imaginarse, el papel del Estado.
Cuba se abre al mercado, sí, pero se trata de una apertura “entre comillas”, como realmente han sido los procesos económicos y comerciales en los países del capitalismo metropolitano moderno quienes, recordemos, postularon un liberalismo a ultranza hacia afuera, acompañado por cierto de todo un arsenal teórico, al tiempo que el Estado intervenía decisivamente en los procesos económicos internos, estableciendo estrictas normas de juego. En fin, el Estado desempeñó siempre un papel determinante en la emergencia y desarrollo de los países del capitalismo clásico competitivo. De lo que se trata, a nuestro parecer, es de la particular forma en que el Estado debe intervenir en el proceso económico.
Cuba, como Venezuela, necesita producir más y mejor, lograr el desarrollo de sus fuerzas productivas de manera armónica y autónoma, sin generar nuevas dependencias tecnológicas que fragilicen su soberanía. Triana Cordoví, recordó que ninguna experiencia de desarrollo en el mundo se ha dado sin la participación del Estado, sin un proceso de coordinación y concertación de actores que suele ser un “ejercicio dificilísimo”. Es sobre este punto, que el economista hace una reflexión que parece sencilla pero que podría encerrar el meollo de asunto: “El Estado debe guiar y corregir al mercado. Hay que gobernar con el mercado, no contra él ni para él”.
Para el asesor cubano, la clave está en saber cuándo, cómo y dónde intervenir y controlar, lo cual constituye un ejercicio diario de análisis, planificación y re-planificación. La idea, como puede advertirse, tiene que ver con evitar dos cosas: uno, implementar controles excesivos ―para Triana lo peor que puede hacerse― porque termina generando corrupción y distorsiones; y dos, caer en el viejo “dejar hacer, dejar pasar”, como expresión del sometimiento del Estado a las fuerzas del capital (Neoliberalismo). Claramente, el mensaje parece ser: ni neoliberalismo ni estatismo, como dos maneras polarizadas de ver la cuestión económica. Como dice Triana, no hay que dejarse conducir por el mercado, hay que usarlo, considerarlo, tenerlo en cuenta.
Evidentemente, todo esto encierra una serie de temas y tiene un conjunto de implicaciones. La economía, siempre ha sido política y nunca había sido tan política como ahora. Entretanto, mientras Estados Unidos está en proceso de restablecer sus relaciones con Cuba, aquel enfila su hostilidad contra Venezuela, aunque nosotros no somos ni hemos sido nunca una fortaleza asediada. Continuará…
@maurogonzag
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En artículos anteriores, hemos venido analizando los planteamientos que hizo este economista cubano, miembro de la Comisión Asesora para los Lineamientos Económicos del Presidente Raúl Castro, con el propósito de analizar y destacar planteamientos que arrojan luz sobre el proceso de actualización del socialismo que se desarrolla en la isla, y que a nuestro juicio están sirviendo de ejemplo al resto de los países de la región, particularmente a Venezuela, como país enrumbado hacia su particular tipo de socialismo.
Hasta ahora, hemos destacado los planteamientos que han señalado la importancia de inversión extranjera directa, la acumulación y reproducción del capital, y la idea de la preeminencia de la justicia sobre la igualdad. Triana, fue certero y contundente cuando afirmó que “Cuba practicó una igualdad sin límites que generó injusticias”, a propósito de una reflexión del presidente Raúl Castro, en la que este habló de la construcción de una sociedad menos igualitaria pero tal vez más justa. Y si estas reflexiones podrían alarmar a los revolucionarios cuyo imaginario de la Revolución cubana quedó anclado en los años sesenta, cabe destacar que en la base de esta visión emergente está, como puede imaginarse, el papel del Estado.
Cuba se abre al mercado, sí, pero se trata de una apertura “entre comillas”, como realmente han sido los procesos económicos y comerciales en los países del capitalismo metropolitano moderno quienes, recordemos, postularon un liberalismo a ultranza hacia afuera, acompañado por cierto de todo un arsenal teórico, al tiempo que el Estado intervenía decisivamente en los procesos económicos internos, estableciendo estrictas normas de juego. En fin, el Estado desempeñó siempre un papel determinante en la emergencia y desarrollo de los países del capitalismo clásico competitivo. De lo que se trata, a nuestro parecer, es de la particular forma en que el Estado debe intervenir en el proceso económico.
Cuba, como Venezuela, necesita producir más y mejor, lograr el desarrollo de sus fuerzas productivas de manera armónica y autónoma, sin generar nuevas dependencias tecnológicas que fragilicen su soberanía. Triana Cordoví, recordó que ninguna experiencia de desarrollo en el mundo se ha dado sin la participación del Estado, sin un proceso de coordinación y concertación de actores que suele ser un “ejercicio dificilísimo”. Es sobre este punto, que el economista hace una reflexión que parece sencilla pero que podría encerrar el meollo de asunto: “El Estado debe guiar y corregir al mercado. Hay que gobernar con el mercado, no contra él ni para él”.
Para el asesor cubano, la clave está en saber cuándo, cómo y dónde intervenir y controlar, lo cual constituye un ejercicio diario de análisis, planificación y re-planificación. La idea, como puede advertirse, tiene que ver con evitar dos cosas: uno, implementar controles excesivos ―para Triana lo peor que puede hacerse― porque termina generando corrupción y distorsiones; y dos, caer en el viejo “dejar hacer, dejar pasar”, como expresión del sometimiento del Estado a las fuerzas del capital (Neoliberalismo). Claramente, el mensaje parece ser: ni neoliberalismo ni estatismo, como dos maneras polarizadas de ver la cuestión económica. Como dice Triana, no hay que dejarse conducir por el mercado, hay que usarlo, considerarlo, tenerlo en cuenta.
Evidentemente, todo esto encierra una serie de temas y tiene un conjunto de implicaciones. La economía, siempre ha sido política y nunca había sido tan política como ahora. Entretanto, mientras Estados Unidos está en proceso de restablecer sus relaciones con Cuba, aquel enfila su hostilidad contra Venezuela, aunque nosotros no somos ni hemos sido nunca una fortaleza asediada. Continuará…
@maurogonzag
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domingo, 8 de marzo de 2015
Amaury González: la izquierda y la derecha frente a la guerra económica
Dice Oscar Wilde que el socialismo es el aguafiestas de la orgía capitalista, en una frase que plantea el juego entre capitalismo y socialismo. Si esta frase la empleamos para plantear la pugna entre la izquierda y la derecha política, nos daríamos cuenta que la izquierda es algo así como la consciencia de la derecha, la voz ética que le habla al oído a una dama pretensiosa llamada modernidad, de cuyo cuerpo hace feliz parte, y que le dice que se comporte.
Estos planteamientos, por supuesto lejos de las jaulas conceptuales académicas, los hago a propósito de una coyuntura en la que el pragmatismo, las conspiraciones y la necesidad de superar el rentismo petrolero y todas sus consecuencias culturales, vienen evidenciando situaciones y problemas estructurales, las cuales deben superarse más allá de discursos y doctrinas políticas y económicas.
También, estas palabras fueron motivadas por un artículo de Sergio Rodríguez Gelfenstein que publicamos en poderenlared.com el pasado 2 de marzo, intitulado “¿Cómo es posible que??”, que nos parece coincide con algunas ideas y reflexiones que he puesto sobre la mesa en anteriores oportunidades. El autor del grupo Barómetro Internacional, inicia su texto contando la visita que hiciera a un familiar en el estado Yaracuy, con el que sostuvo una conversación sobre la actualidad política y económica del país.
De dicho artículo, vamos a destacar tres elementos a nuestro parecer fundamentales, como parte de una serie de reflexiones que volveremos a traer a la discusión sobre lo que ya podríamos denominar “el problema contemporáneo de la izquierda” o, los problemas de la “izquierda contemporánea”, en un contexto donde las cuestiones de naturaleza económica y geopolítica son las que parecen estar marcando la pauta en los destinos de los pueblos del mundo, por encima de teorías, doctrinas y corrientes, y en un contexto de renacimiento de la filosofía política, que no ciencia política.
Dice Gelfenstein, que las inquietudes que ha recogido en diversas conversaciones e intercambios personales o a través de la red, lo condujeron a pensar que “efectivamente estamos ante una extraña situación producida cuando un pueblo que ha elevado sus niveles de entendimiento y su capacidad de análisis político, no encuentra explicaciones ante determinados hechos que ocurren”. Sobre esto, tendríamos que preguntarnos ¿Hasta qué punto puede ser efectiva la capacidad de análisis político frente a una situación económica levantada sobre condicionamientos históricos y factores culturales funcionales a la guerra económica? Primer elemento.
Mucho más adelante, en un texto que reflexiona muy acertadamente sobre la concepción del Estado en autores como Marx y Weber, Gelfenstein habla del nivel de perfeccionamiento que ha alcanzado la democracia representativa de la mano del capitalismo, reflexión que lo lleva a una conclusión que expresa el real carácter de la lucha que plantea la Revolución bolivariana:
“No se trata de la clase obrera asaltando el poder como lo presagió Marx o Lenin. Se trata, solamente de establecer, en el marco del capitalismo, nuevas reglas de juego, que al menos protejan a nuestros países de la expoliación imperial y la aplicación de medidas neoliberales”.
Porque, como nos preguntamos hace tiempo en un ensayo sobre el tema ¿Se trata de un problema de clases o de un problema nacional? Es decir, ¿Es de clases el peo o estamos frente a una situación de Patria Vs. Neocolonia? ¿Si existen ambos antagonismos, hay uno más importante que otro? Son preguntas que debemos responder y que están en la base de los disensos que pueden existir entre las fuerzas de izquierda, progresistas o patriotas agrupadas, por ejemplo, en el Gran Polo Patriótico.
Finalmente, el autor alude una realidad elemental, y talvez por eso desestimada, que destaca la existencia de los famosos “poderes fácticos” presentes en toda sociedad:
“Vale decir, que el gobierno es sólo una parte del poder y que asumir el gobierno solo sirve, ―si se trabaja en pro de ello― para crear mejores condiciones para que el pueblo pueda acceder al poder. Este proceso no está exento de contradicciones, porque como se ha dicho antes, confluyen múltiples intereses que pueden acelerarlo o frenarlo”.
Ya está. En las sociedades capitalistas contemporáneas, en las sociedades de clases, diversas, histórica y estructuralmente heterogéneas, una organización política al frente del Estado no es el único factor de poder en esa sociedad. Tenemos entonces, algunas reflexiones que nos permitirían comprender algunas cosas que pueden causar perplejidad, y que genera preguntas, tanto en la izquierda como en la derecha, del tipo ¿Cómo es posible que…?
El Estado, al frente del cual está Nicolás Maduro, es un factor de poder, la organización política por excelencia que concentra el poder político. Este factor de poder va en una dirección. De otro lado, los poderes fácticos, el económico (Burguesía comercial, financiera, factores externos, cultural-ideológico), van o parecen ir en otra dirección. Resultado: guerra, y no solo económica.
El debate implícito, por ahora, va en la dirección de superar los viejos espectros políticos, y pensar en un nuevo esquema ―de ser necesario un esquema― que vaya más allá de las izquierdas y las derechas, en un contexto donde se han aprendido algunas lecciones en materia de humanidad y justicia social en el contexto del capitalismo rentista venezolano.
Así, el socialismo bolivariano debe ser algo así como el aguafiestas de la orgía rentista, y la consciencia lúcida de las limitaciones de la izquierda y la derecha tradicional.
@maurogonzag / Poderenlared.com
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Estos planteamientos, por supuesto lejos de las jaulas conceptuales académicas, los hago a propósito de una coyuntura en la que el pragmatismo, las conspiraciones y la necesidad de superar el rentismo petrolero y todas sus consecuencias culturales, vienen evidenciando situaciones y problemas estructurales, las cuales deben superarse más allá de discursos y doctrinas políticas y económicas.
También, estas palabras fueron motivadas por un artículo de Sergio Rodríguez Gelfenstein que publicamos en poderenlared.com el pasado 2 de marzo, intitulado “¿Cómo es posible que??”, que nos parece coincide con algunas ideas y reflexiones que he puesto sobre la mesa en anteriores oportunidades. El autor del grupo Barómetro Internacional, inicia su texto contando la visita que hiciera a un familiar en el estado Yaracuy, con el que sostuvo una conversación sobre la actualidad política y económica del país.
De dicho artículo, vamos a destacar tres elementos a nuestro parecer fundamentales, como parte de una serie de reflexiones que volveremos a traer a la discusión sobre lo que ya podríamos denominar “el problema contemporáneo de la izquierda” o, los problemas de la “izquierda contemporánea”, en un contexto donde las cuestiones de naturaleza económica y geopolítica son las que parecen estar marcando la pauta en los destinos de los pueblos del mundo, por encima de teorías, doctrinas y corrientes, y en un contexto de renacimiento de la filosofía política, que no ciencia política.
Dice Gelfenstein, que las inquietudes que ha recogido en diversas conversaciones e intercambios personales o a través de la red, lo condujeron a pensar que “efectivamente estamos ante una extraña situación producida cuando un pueblo que ha elevado sus niveles de entendimiento y su capacidad de análisis político, no encuentra explicaciones ante determinados hechos que ocurren”. Sobre esto, tendríamos que preguntarnos ¿Hasta qué punto puede ser efectiva la capacidad de análisis político frente a una situación económica levantada sobre condicionamientos históricos y factores culturales funcionales a la guerra económica? Primer elemento.
Mucho más adelante, en un texto que reflexiona muy acertadamente sobre la concepción del Estado en autores como Marx y Weber, Gelfenstein habla del nivel de perfeccionamiento que ha alcanzado la democracia representativa de la mano del capitalismo, reflexión que lo lleva a una conclusión que expresa el real carácter de la lucha que plantea la Revolución bolivariana:
“No se trata de la clase obrera asaltando el poder como lo presagió Marx o Lenin. Se trata, solamente de establecer, en el marco del capitalismo, nuevas reglas de juego, que al menos protejan a nuestros países de la expoliación imperial y la aplicación de medidas neoliberales”.
Porque, como nos preguntamos hace tiempo en un ensayo sobre el tema ¿Se trata de un problema de clases o de un problema nacional? Es decir, ¿Es de clases el peo o estamos frente a una situación de Patria Vs. Neocolonia? ¿Si existen ambos antagonismos, hay uno más importante que otro? Son preguntas que debemos responder y que están en la base de los disensos que pueden existir entre las fuerzas de izquierda, progresistas o patriotas agrupadas, por ejemplo, en el Gran Polo Patriótico.
Finalmente, el autor alude una realidad elemental, y talvez por eso desestimada, que destaca la existencia de los famosos “poderes fácticos” presentes en toda sociedad:
“Vale decir, que el gobierno es sólo una parte del poder y que asumir el gobierno solo sirve, ―si se trabaja en pro de ello― para crear mejores condiciones para que el pueblo pueda acceder al poder. Este proceso no está exento de contradicciones, porque como se ha dicho antes, confluyen múltiples intereses que pueden acelerarlo o frenarlo”.
Ya está. En las sociedades capitalistas contemporáneas, en las sociedades de clases, diversas, histórica y estructuralmente heterogéneas, una organización política al frente del Estado no es el único factor de poder en esa sociedad. Tenemos entonces, algunas reflexiones que nos permitirían comprender algunas cosas que pueden causar perplejidad, y que genera preguntas, tanto en la izquierda como en la derecha, del tipo ¿Cómo es posible que…?
El Estado, al frente del cual está Nicolás Maduro, es un factor de poder, la organización política por excelencia que concentra el poder político. Este factor de poder va en una dirección. De otro lado, los poderes fácticos, el económico (Burguesía comercial, financiera, factores externos, cultural-ideológico), van o parecen ir en otra dirección. Resultado: guerra, y no solo económica.
El debate implícito, por ahora, va en la dirección de superar los viejos espectros políticos, y pensar en un nuevo esquema ―de ser necesario un esquema― que vaya más allá de las izquierdas y las derechas, en un contexto donde se han aprendido algunas lecciones en materia de humanidad y justicia social en el contexto del capitalismo rentista venezolano.
Así, el socialismo bolivariano debe ser algo así como el aguafiestas de la orgía rentista, y la consciencia lúcida de las limitaciones de la izquierda y la derecha tradicional.
@maurogonzag / Poderenlared.com
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viernes, 27 de febrero de 2015
Amaury González V.: le dio cabezazos en sus puños: represión evidente
Los últimos años han sido de verdadera guerra por la definición e interpretación de la realidad, de una realidad socio-política que ha sido muy dinámica y compleja, pero que al mismo tiempo siempre ha dejado al público suficientes elementos de juicio para saber de dónde sale la mentira y la muerte, y por tanto para saber de qué lado se inclina la balanza de la justicia.
Ha sido un asedio permanente, un golpe continuado. Después del fallecimiento del Comandante Chávez, y desde antes que ocurriera su deceso, era previsible que los sectores más recalcitrantes y reaccionarios que siempre han adversado al Gobierno bolivariano, emprenderían una serie de acciones orientadas a golpear a la Revolución bolivariana, siempre con el desalojo de Maduro del poder como propósito central. Con lo que vimos el año pasado, se pudo concluir que estábamos en presencia de una combinación de acciones subversivas, que sumó la violencia guarimbera a la ya declarada guerra económica.
Como sabemos, esa violencia dejó un saldo de más de 40 fallecidos y más de 800 heridos. Y no nos referimos a esas acciones como “protestas”, porque efectivamente, desde el mismo 12 de febrero de 2014, lo que inicialmente había comenzado como una protesta estudiantil se convirtió en una acción vandálica y terrorista en la que se destruyó la fachada del edificio donde funciona la sede del Ministerio Público, se quemaron camionetas y se destruyó una plaza completa. Ah, claro, allí se presentaron los primeros muertos. ¿Era eso una protesta? Había comenzado como marcha pacífica, pero se había trocado en otra cosa. Dependiendo de cómo definamos la realidad, actuaremos de una forma o de otra. Mal diagnostico, mala terapia.
La estrategia, quedó develada desde el instante en que desde las redes sociales se pretendió manipular los hechos, difundiendo y viralizando contenidos descontextualizados y trucados tecnológicamente para crear una matriz que siempre se quiso instalar en la era Chávez: la del Gobierno autoritario, represor, violador de derechos humanos. Desde 2007, los laboratorios al servicio de la contrarrevolución habían advertido que el Gobierno bolivariano tenía una debilidad propia de las fuerzas políticas de izquierda que han conquistado el poder del Estado. Como dice el filósofo Pablo Romero, al momento de poner los necesarios límites en “protestas” que se han tornado violentas recurriendo a las fuerzas del Estado, la izquierda tiende a titubear en su prurito por demostrar que es ética y políticamente distinta de la derecha.
Recordemos, que en las “protestas pacíficas” de 2007, los heridos se contaron entre las fuerzas de seguridad del Estado. Para cuando Chávez ordenó echarle “gas del bueno” a los grupos estudiantiles violentos, ya el chantaje había surtido su efecto.
No obstante, creemos que con lo que ocurrió el año pasado tal dilema ha sido superado, aunque al alto costo de las muertes y los heridos. La estrategia subversiva ha sido develada en todo su maquiavelismo: generar protestas violentas en la calle (que incluye el ataque a sedes de Gobernaciones y ministerios) para forzar la acción de las fuerzas de seguridad del Estado (violencia legítima, de acuerdo a la teoría política) para luego agredirlas o atacarlas directamente con armas de fuego (sofisticadas como el rifle de un francotirador o caseras como las Molotov), provocar su defensa (más que necesaria ante lo que en casi cualquier país generaría una ráfaga de “fuego legítimo”) y lograr producir los muertos que necesita el caos, siempre condición de la intervención extranjera.
Afortunadamente, en los últimos días de febrero de 2015, son muy pocos los grupos que en su irracionalidad criminal han provocado hechos lamentables que de manera irresponsable han merecido la manipulación de distintos voceros de la oposición, cuando no el mero silencio. Uno, fue el caso de los soldados que fueron perseguidos en Chacao, uno de los cuales fue alcanzado y golpeado por una turba salvaje que “protestaba”; otro, el lamentable caso del joven de 14 años Kluivert Roa quien, tal como lo cuenta el abogado Iván Agüín, ocurrió en el contexto de una agresión a unos oficiales que pasaban en moto cerca del lugar de la protesta.
A los policías los tumbaron de la moto, y si ya eso es un irrespeto inaceptable para cualquier autoridad policial mundial, lo cosa no quedó allí. Uno imagina que estos “protestantes” estaban bajo los efectos de alguna droga enloquecedora, al leer que la turba intentó despojar a los oficiales de sus armas reglamentarias, y que en medio del forcejeo se accionó el arma que dio muerte el joven liceísta. ¿Quién llamaría a este hecho un asesinato del represor régimen chavista?
Sí, hay mucha tela para cortar, pero se la dejamos a los lectores.
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Ha sido un asedio permanente, un golpe continuado. Después del fallecimiento del Comandante Chávez, y desde antes que ocurriera su deceso, era previsible que los sectores más recalcitrantes y reaccionarios que siempre han adversado al Gobierno bolivariano, emprenderían una serie de acciones orientadas a golpear a la Revolución bolivariana, siempre con el desalojo de Maduro del poder como propósito central. Con lo que vimos el año pasado, se pudo concluir que estábamos en presencia de una combinación de acciones subversivas, que sumó la violencia guarimbera a la ya declarada guerra económica.
Como sabemos, esa violencia dejó un saldo de más de 40 fallecidos y más de 800 heridos. Y no nos referimos a esas acciones como “protestas”, porque efectivamente, desde el mismo 12 de febrero de 2014, lo que inicialmente había comenzado como una protesta estudiantil se convirtió en una acción vandálica y terrorista en la que se destruyó la fachada del edificio donde funciona la sede del Ministerio Público, se quemaron camionetas y se destruyó una plaza completa. Ah, claro, allí se presentaron los primeros muertos. ¿Era eso una protesta? Había comenzado como marcha pacífica, pero se había trocado en otra cosa. Dependiendo de cómo definamos la realidad, actuaremos de una forma o de otra. Mal diagnostico, mala terapia.
La estrategia, quedó develada desde el instante en que desde las redes sociales se pretendió manipular los hechos, difundiendo y viralizando contenidos descontextualizados y trucados tecnológicamente para crear una matriz que siempre se quiso instalar en la era Chávez: la del Gobierno autoritario, represor, violador de derechos humanos. Desde 2007, los laboratorios al servicio de la contrarrevolución habían advertido que el Gobierno bolivariano tenía una debilidad propia de las fuerzas políticas de izquierda que han conquistado el poder del Estado. Como dice el filósofo Pablo Romero, al momento de poner los necesarios límites en “protestas” que se han tornado violentas recurriendo a las fuerzas del Estado, la izquierda tiende a titubear en su prurito por demostrar que es ética y políticamente distinta de la derecha.
Recordemos, que en las “protestas pacíficas” de 2007, los heridos se contaron entre las fuerzas de seguridad del Estado. Para cuando Chávez ordenó echarle “gas del bueno” a los grupos estudiantiles violentos, ya el chantaje había surtido su efecto.
No obstante, creemos que con lo que ocurrió el año pasado tal dilema ha sido superado, aunque al alto costo de las muertes y los heridos. La estrategia subversiva ha sido develada en todo su maquiavelismo: generar protestas violentas en la calle (que incluye el ataque a sedes de Gobernaciones y ministerios) para forzar la acción de las fuerzas de seguridad del Estado (violencia legítima, de acuerdo a la teoría política) para luego agredirlas o atacarlas directamente con armas de fuego (sofisticadas como el rifle de un francotirador o caseras como las Molotov), provocar su defensa (más que necesaria ante lo que en casi cualquier país generaría una ráfaga de “fuego legítimo”) y lograr producir los muertos que necesita el caos, siempre condición de la intervención extranjera.
Afortunadamente, en los últimos días de febrero de 2015, son muy pocos los grupos que en su irracionalidad criminal han provocado hechos lamentables que de manera irresponsable han merecido la manipulación de distintos voceros de la oposición, cuando no el mero silencio. Uno, fue el caso de los soldados que fueron perseguidos en Chacao, uno de los cuales fue alcanzado y golpeado por una turba salvaje que “protestaba”; otro, el lamentable caso del joven de 14 años Kluivert Roa quien, tal como lo cuenta el abogado Iván Agüín, ocurrió en el contexto de una agresión a unos oficiales que pasaban en moto cerca del lugar de la protesta.
A los policías los tumbaron de la moto, y si ya eso es un irrespeto inaceptable para cualquier autoridad policial mundial, lo cosa no quedó allí. Uno imagina que estos “protestantes” estaban bajo los efectos de alguna droga enloquecedora, al leer que la turba intentó despojar a los oficiales de sus armas reglamentarias, y que en medio del forcejeo se accionó el arma que dio muerte el joven liceísta. ¿Quién llamaría a este hecho un asesinato del represor régimen chavista?
Sí, hay mucha tela para cortar, pero se la dejamos a los lectores.
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martes, 24 de febrero de 2015
Dólar paralelo: la verdad sobre la fórmula usada para su calculo
Por Juan Carlos Valdez
El dólar paralelo en Venezuela es, desde hace algunos años, una referencia para la fijación de precios de bienes y servicios; y desde su aparición (más que desde su aparición, desde su publicación) ha tenido un comportamiento progresivo al alza, con raras excepciones. Siendo así, es obvio que este dólar ha influido de manera significativa en la actual inflación que padecemos los venezolanos ¿Pero de dónde sale este dólar? ¿Cómo y quién lo calcula? ¿A quiénes beneficia realmente? En este artículo trataré de desenmarañar la madeja compleja que está detrás del famoso Dólar Paralelo.
Desde que comenzaron a publicar por internet este tipo de dólar, se supo que proviene de las transacciones cambiarias que realizan las casas de cambio colombianas que se encuentran en la frontera colombo-venezolana, fundamentalmente en Cúcuta. Su precio no obedece a la oferta y la demanda de dólares en Venezuela, sino a una fijación arbitraria del valor del Bolívar respecto al peso colombiano, como lo explicaba Juan Carlos Tanus, director de la Asociación de colombianos y colombianas en Venezuela, en un artículo publicado en su oportunidad por Aporrea. Comentaba Tanus: “…en la frontera hay mafias que controlan el precio del bolívar, disminuyen o aumentan su valor dependiendo del costo de transporte y de la mercancía...” en esa última parte, Tanus, hacía referencia al transporte y la mercancía del contrabando de extracción. Vale decir, las mafias que controlan en Colombia el contrabando de extracción, controlan las casas de cambio en la frontera. En este mismo orden de ideas, el economista y abogado colombiano, experto en el tema fronterizo, Daniel Libreros Caicedo, explica que “la perversión cambiaria tan pronunciada sucede por especulación, porque las casas de cambio fronterizas establecen una hinchazón artificial que les permite capturar más ganancia por contrabando.”. Luis Vicente León, director de Datanálisis, en un artículo publicado en la página Prodavinci.com, el 8 de diciembre de 2014, hablando sobre el dólar paralelo dijo: “Además, el referente que se ha estado utilizando como guía para las operaciones paralelas es el precio del dólar en la frontera. Hay que decir que las operaciones que se llevan a cabo en las regiones fronterizas son marginales, así que son incapaces de representar verdaderamente el mercado paralelo.” Antes de eso, Luis Vicente León había dicho también: “Al no haber un mercado de divisas abierto y transparente, existe una enorme distorsión del mercado cambiario. Pero a eso hay que añadirle la manipulación de las cifras que ponen en marcha los interesados en que el dólar negro suba y suba.”. Quiero aclarar que la referencia de la que hace mención el director de Datanálisis, no es del dólar en la frontera, sino del “Bolívar” en la frontera, como veremos más adelante.
Expertos en materia monetaria coinciden en que no hay una teoría detrás del dólar paralelo, porque no hay marcadores macroeconómicos que lo expliquen. En este punto podemos afirmar entonces, que el dólar paralelo es una ficción, en el entendido que no responde a ninguna ley económica sino a la voluntad delictiva de grupos mafiosos colombianos en concordancia con grupos desestabilizadores venezolanos, como iré explicando. Ese dólar paralelo es fruto de la delincuencia organizada.
¿Cómo se calcula?
Según la misma gente que opera la página web DólarToday, la forma de calcular el dólar paralelo es la siguiente:
“La fórmula para el cambio fronterizo en Cúcuta es bastante simple, solo tomamos la cantidad de Pesos Colombianos que nos piden por un Dolar (según el cambio oficial del Peso/Dolar en Colombia) y lo dividimos por la cantidad de Pesos que recibimos a cambio de un Bolívar fuerte (dato este provisto por las casas de cambio en Cúcuta).” (Fuente: https://dolartoday.com/precio/).
Hagamos un ejercicio para ilustrarlo mejor:
El día 13 de diciembre de 2014, las casas de cambio en Cúcuta compraban cada Bolívar por 14.10 Pesos. (Debemos destacar que según el Banco de la República, que viene siendo el Banco Central de Colombia, el cambio Bolívar/Pesos, era de 201, 87 pesos por cada Bolívar). Ese mismo día podíamos obtener un Dólar Americano por 2.405,31 Pesos, por lo tanto, con solo aplicar la siguiente fórmula podemos obtener el valor del dólar paralelo para ese día:
2.405,31 PesosCOL
_____________________ = BsF. 170,58 por Dolar
14.10 PesosCOL (BsF. 1,00)”
Pero resulta que para ese día, la página de DolarToday tenía publicado el dólar paralelo en 179,08 Bolívares. Esto ocurre por la forma que ellos (la gente de DolarToday) realizan sus cálculos del dólar paralelo; dicho por ellos mismos:
“…pero dependiendo de la operación (efectivo o transferencia) debe agregar (o restar) al TRM un pequeño porcentaje. Para operaciones en EFECTIVO debe restar entre un 3-5% al TRM vigente (esto varía dependiendo de la casa de cambio y/o temporada) y para TRANSFERENCIAS debe agregar entre un 1-5% (esto depende del banco, la casa de cambio y temporada). La fórmula utilizada por DolarToday asume una operación de TRANSFERENCIA y es la que usted verá reflejada en nuestro calculo, por este motivo, cuando usted divide el TRM VIGENTE entre el cambio Peso/Bolivar ve otro monto.” (Fuente: https://dolartoday.com/precio/). Al hacer el cálculo podremos constatar que la gente de DólarToday siempre le agrega un 5% al cálculo original.
Entonces, como ya vimos, para el cálculo del dólar paralelo utilizan, como dividendo, el valor del dólar oficial publicado por el banco central colombiano, y utilizan, como divisor, el valor que le dan al Bolívar las casas de cambio en Cúcuta. ¿Por qué no utilizan el valor del Bolívar respecto al peso, publicado por el banco central de Colombia? Hagamos el cálculo con ese valor a ver qué pasa:
2.405,31 PesosCOL
_____________________ = BsF. 11,9 por Dólar
201,87 PesosCOL (BsF. 1,00)”
¡Fíjense pues! Nos da un valor similar al dólar del Sicad 1.
¿Por qué ocurren estas distorsiones y a quiénes beneficia?
Como ya dijimos, en la frontera colombo-venezolana, el valor del Bolívar lo determinan las casas de cambio de esa zona, cuyos propietarios dominan además el contrabando de los bienes que sacan ilegalmente de Venezuela. Para esas mafias es necesario comprar un bolívar barato ya que de esa manera obtienen más bolívares por pesos puesto que ellos pagan todo lo que implica el contrabando, en bolívares. Para esas mafias no es negocio comprar dólares para cambiar en bolívares, porque ellos tendrían que comprar el dólar al precio oficial de Colombia y al dividir lo que pagarían por ese dólar oficial entre lo que obtendrían en bolívares en el mercado negro, les saldría el bolívar al mismo precio que ellos lo compran en Cúcuta. Lo que es lógico, ya que la base del cálculo del dólar paralelo respecto al Bolívar está determinada por el valor que las casas de cambio le dan al Bolívar. De manera que queda claro que el negocio de las mafias colombianas que dominan la frontera no es el de comprar dólares para cambiar en bolívares, ya que ella fijan el precio del Bolívar de conformidad con sus intereses; que como ya dijimos, es el de pagar poco por los bolívares que les venden para poder comprar más mercancía de contrabando.
Colombia es el único país que acepta bolívares directamente para cambiar por su moneda nacional. Es decir, los venezolanos no necesitamos cambiar los bolívares en dólares para comprar pesos colombianos. Pero el Gobierno Colombiano permite que las casas de cambio determinen el precio al que comprarán el bolívar, aun cuando el banco central colombiano fija un precio oficial de cambio de la moneda venezolana respecto al peso colombiano. Por ejemplo, para el 13 de diciembre de 2014, el cambio oficial del bolívar respecto al peso era de 201, 87 pesos por cada Bolívar y las casas de cambio en la frontera pagaban sólo 14,10 pesos por Bolívar. Cabe preguntarse: ¿Qué pasa con esa diferencia entre el valor oficial del Bolívar y el valor por la que lo compran las casas de cambio? ¿Quiénes se quedan con esa diferencia? ¿Pudiera ser eso un excedente a favor de los contrabandistas también? De ser así, para las mafias contrabandistas colombianas, la fijación discrecional del valor del Bolívar es un asunto de ganar-ganar.
Bueno ya sabemos que no son las mafias colombianas las creadoras del dólar paralelo, sólo que a raíz de la actividad “legal” de los mafiosos colombianos (me refiero a la de fijar el valor del Bolívar a través de sus casas de cambio), surgió otra mafia que tiene dos propósitos fundamentales; el primero es desestabilizar la economía venezolana y la segunda, y para ellos la principal, obtener con esa actividad desestabilizadora, fabulosas ganancias económicas. Esta mafia está conformada por personas que tienen importantes cantidades de dólares fuera de Venezuela y que además, muchas de ellas siguen recibiendo dólares baratos por del Gobierno Venezolano. En este grupo hay grandes comerciantes y banqueros: Estos mafiosos conociendo lo que ocurre en la frontera, idearon esa forma perversa de crear un “dólar paralelo” con un cálculo sencillo. Su primer objetivo fue el de posicionar su producto (el Dólar Paralelo) en el mercado venezolano. La forma más segura era el internet, además que era evidente el uso importante y creciente que le da a este instrumento comunicacional, la clase media y media alta venezolana que son, buena parte de ellos, pequeños y medianos comerciantes bombardeados a diario por una campaña sicológica que los colocó en un estado de incertidumbre y de miedo, permitía que internet fue el mejor medio para encubrirse y a la vez hacer el trabajo publicitario. Otro elemento que alimentó el caldo de cultivo para el crecimiento de esa perversión llamada dólar paralelo, fueron las fallas en la asignación de divisas y sobre todo en la supervisión respecto a la asignación y su destino. Entonces lanzan su campaña a través de páginas como Lechuga Verde, y otras hasta llegar a DolarToday. Cabe destacar en este punto que se develó recientemente que los que trabajan en esta página, lo hacen desde un apartamento, propiedad del banquero prófugo Eligio Cedeño, ubicado en Miami. Lo cual confirma lo que hemos dicho acerca de quiénes integran esa mafia.
Una vez que logran que en el imaginario colectivo venezolano se tome ese dólar como el que suple la carencia de dólares oficiales, comienzan a vender los dólares que obtuvieron muy baratos a precio de ese fulano “Dólar Paralelo” con lo cual multiplicaron significativamente su patrimonio en bolívares y protegieron esas ganancias comprar bienes inmuebles a granel, por supuesto afectando los precios en el mercado inmobiliario; no sin antes haber influido en la fijación de casi todos precios de bienes y servicios esenciales con la creencia que ese es el precio “verdadero” del dólar respecto al Bolívar, y en un país donde las importaciones de bienes y de materias primas son enormes ese elemento sicológico juega un papel fundamental en la fijación de precios –bueno, en la economía, el aspecto sicológico siempre es determinante, y eso lo saben los enemigos del pueblo-.
Prueba irrefutable que ese dólar paralelo no guarda ninguna relación con el juego de la oferta y la demanda de dólares, es que según una declaración de Francisco Ibarra, director de la firma de consultores Econométrica; en una entrevista que le hicieran para el Nuevo Herald, si el Gobierno venezolano decidiera unificar el tipo de cambio, este año, a una tasa de 40 Bs por dólar, la demanda total de dólares la pudiera cubrir con unos 15 mil millones de dólares, lo cual en teoría, lanzaría al piso el dólar paralelo. Pero resulta que en el 2012, el Gobierno erogó 59 mil millones de dólares y el “dólar paralelo” subió. Es decir, el Gobierno inundó el mercado de dólares y aun así el dólar paralelo subió.
En síntesis, el dólar paralelo fue una creación perversa de enemigos de los venezolanos a quienes no les importa destruir nuestra economía mientras puedan asegurarse fabulosos ganancias, además con la esperanza de volver al país para terminar de saquearlo, si la oposición retoma el poder político.
Posibles soluciones:
Ya está claro que la base de ese castillo de naipes es la facultad que tienen las casas de cambio colombianas para fijar el precio del Bolívar. Si es cierto que las pérdidas del lado colombiano se calculan en unos 330 millones de dólares aproximadamente; del lado venezolano las pérdidas están por el orden de los 5000 millones de dólares al año.
Es evidente que el Gobierno Colombiano está al tanto de esa situación y si de verdad quisiera ayudarnos a combatir el contrabando de extracción y contribuir a sanear la economía de ambos países, obligaría a las casas de cambio a pagar el Bolívar al cambio establecido por el banco central de ese país. Eso colocaría en terapia intensiva al contrabando y destruiría la base de cálculo del dólar paralelo. Así se le cae la fachada seudotécnica en el cálculo del dólar paralelo. Desaparecería, por lo menos, ese tipo de dólar paralelo.
Pero esperar ese acto de buena fe del Gobierno colombiano es a mi juicio, algo ingenuo de nuestra parte, ya que el diferencial en las pérdidas que experimentan ambos países está muy a favor del vecino país, ya que ellos pierden 330 millones de dólares, pero le ingresa 5000 millones de dólares en bienes subsidiados por todos los venezolanos. Vale decir, Todos los venezolanos mantenemos a la mayoría de la población fronteriza que está ubicada en territorio colombiano. ¿Para qué el Gobierno colombiano va a hacer algo para evitar eso? Mientras seamos nosotros quienes le mantenemos a su gente en la frontera, ellos se quitan ese peso. En todo caso esa solución, si bien colocaría el contrabando en terapia intensiva, y asesinaría al Dólar Paralelo que conocemos hoy; al tener Venezuela control de cambio, los dolaresmaníacos se irían a Colombia a cambiar bolívares por pesos y luego comprar dólares allá que les terminaría costando igual que si los compraran en el mercado oficial venezolano; pero como en Colombia no hay control de cambio y los bolívares que se cambian en Colombia ésta se los cambia al Banco Central de Venezuela por dólares, se convertiría eso en una fuga legal de dólares en perjuicio de nuestras reservas internacionales. De manera que la solución de nuestra parte estaría en eliminar ese convenio, y el colombiano que quiera contrabandear, tendrá que hacerlo en dólares, o por lo menos tendrán que adquirir dólares a precio oficial en su país y cambiarlos aquí en Venezuela por bolívares. Ahí muere el contrabando (de bienes, porque el de combustible es más difícil por lo barato que se vende aquí) y muere también el dólar paralelo.
Este es un tema complejo y quedan muchas aristas que podemos analizar, pero creo que hemos tocado la médula del problema para que nuestro pueblo lo entienda, y quienes se vayan a guiar por ese tipo de dólar sepan de dónde sale, a quienes beneficia y sobre todo cuándo nos perjudica a todos los venezolanos. Si les queda un ápice de amor a la patria, no seguirán el juego del Dólar Paralelo. valgo7968@gmail.com
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El dólar paralelo en Venezuela es, desde hace algunos años, una referencia para la fijación de precios de bienes y servicios; y desde su aparición (más que desde su aparición, desde su publicación) ha tenido un comportamiento progresivo al alza, con raras excepciones. Siendo así, es obvio que este dólar ha influido de manera significativa en la actual inflación que padecemos los venezolanos ¿Pero de dónde sale este dólar? ¿Cómo y quién lo calcula? ¿A quiénes beneficia realmente? En este artículo trataré de desenmarañar la madeja compleja que está detrás del famoso Dólar Paralelo.
Desde que comenzaron a publicar por internet este tipo de dólar, se supo que proviene de las transacciones cambiarias que realizan las casas de cambio colombianas que se encuentran en la frontera colombo-venezolana, fundamentalmente en Cúcuta. Su precio no obedece a la oferta y la demanda de dólares en Venezuela, sino a una fijación arbitraria del valor del Bolívar respecto al peso colombiano, como lo explicaba Juan Carlos Tanus, director de la Asociación de colombianos y colombianas en Venezuela, en un artículo publicado en su oportunidad por Aporrea. Comentaba Tanus: “…en la frontera hay mafias que controlan el precio del bolívar, disminuyen o aumentan su valor dependiendo del costo de transporte y de la mercancía...” en esa última parte, Tanus, hacía referencia al transporte y la mercancía del contrabando de extracción. Vale decir, las mafias que controlan en Colombia el contrabando de extracción, controlan las casas de cambio en la frontera. En este mismo orden de ideas, el economista y abogado colombiano, experto en el tema fronterizo, Daniel Libreros Caicedo, explica que “la perversión cambiaria tan pronunciada sucede por especulación, porque las casas de cambio fronterizas establecen una hinchazón artificial que les permite capturar más ganancia por contrabando.”. Luis Vicente León, director de Datanálisis, en un artículo publicado en la página Prodavinci.com, el 8 de diciembre de 2014, hablando sobre el dólar paralelo dijo: “Además, el referente que se ha estado utilizando como guía para las operaciones paralelas es el precio del dólar en la frontera. Hay que decir que las operaciones que se llevan a cabo en las regiones fronterizas son marginales, así que son incapaces de representar verdaderamente el mercado paralelo.” Antes de eso, Luis Vicente León había dicho también: “Al no haber un mercado de divisas abierto y transparente, existe una enorme distorsión del mercado cambiario. Pero a eso hay que añadirle la manipulación de las cifras que ponen en marcha los interesados en que el dólar negro suba y suba.”. Quiero aclarar que la referencia de la que hace mención el director de Datanálisis, no es del dólar en la frontera, sino del “Bolívar” en la frontera, como veremos más adelante.
Expertos en materia monetaria coinciden en que no hay una teoría detrás del dólar paralelo, porque no hay marcadores macroeconómicos que lo expliquen. En este punto podemos afirmar entonces, que el dólar paralelo es una ficción, en el entendido que no responde a ninguna ley económica sino a la voluntad delictiva de grupos mafiosos colombianos en concordancia con grupos desestabilizadores venezolanos, como iré explicando. Ese dólar paralelo es fruto de la delincuencia organizada.
¿Cómo se calcula?
Según la misma gente que opera la página web DólarToday, la forma de calcular el dólar paralelo es la siguiente:
“La fórmula para el cambio fronterizo en Cúcuta es bastante simple, solo tomamos la cantidad de Pesos Colombianos que nos piden por un Dolar (según el cambio oficial del Peso/Dolar en Colombia) y lo dividimos por la cantidad de Pesos que recibimos a cambio de un Bolívar fuerte (dato este provisto por las casas de cambio en Cúcuta).” (Fuente: https://dolartoday.com/precio/).
Hagamos un ejercicio para ilustrarlo mejor:
El día 13 de diciembre de 2014, las casas de cambio en Cúcuta compraban cada Bolívar por 14.10 Pesos. (Debemos destacar que según el Banco de la República, que viene siendo el Banco Central de Colombia, el cambio Bolívar/Pesos, era de 201, 87 pesos por cada Bolívar). Ese mismo día podíamos obtener un Dólar Americano por 2.405,31 Pesos, por lo tanto, con solo aplicar la siguiente fórmula podemos obtener el valor del dólar paralelo para ese día:
2.405,31 PesosCOL
_____________________ = BsF. 170,58 por Dolar
14.10 PesosCOL (BsF. 1,00)”
Pero resulta que para ese día, la página de DolarToday tenía publicado el dólar paralelo en 179,08 Bolívares. Esto ocurre por la forma que ellos (la gente de DolarToday) realizan sus cálculos del dólar paralelo; dicho por ellos mismos:
“…pero dependiendo de la operación (efectivo o transferencia) debe agregar (o restar) al TRM un pequeño porcentaje. Para operaciones en EFECTIVO debe restar entre un 3-5% al TRM vigente (esto varía dependiendo de la casa de cambio y/o temporada) y para TRANSFERENCIAS debe agregar entre un 1-5% (esto depende del banco, la casa de cambio y temporada). La fórmula utilizada por DolarToday asume una operación de TRANSFERENCIA y es la que usted verá reflejada en nuestro calculo, por este motivo, cuando usted divide el TRM VIGENTE entre el cambio Peso/Bolivar ve otro monto.” (Fuente: https://dolartoday.com/precio/). Al hacer el cálculo podremos constatar que la gente de DólarToday siempre le agrega un 5% al cálculo original.
Entonces, como ya vimos, para el cálculo del dólar paralelo utilizan, como dividendo, el valor del dólar oficial publicado por el banco central colombiano, y utilizan, como divisor, el valor que le dan al Bolívar las casas de cambio en Cúcuta. ¿Por qué no utilizan el valor del Bolívar respecto al peso, publicado por el banco central de Colombia? Hagamos el cálculo con ese valor a ver qué pasa:
2.405,31 PesosCOL
_____________________ = BsF. 11,9 por Dólar
201,87 PesosCOL (BsF. 1,00)”
¡Fíjense pues! Nos da un valor similar al dólar del Sicad 1.
¿Por qué ocurren estas distorsiones y a quiénes beneficia?
Como ya dijimos, en la frontera colombo-venezolana, el valor del Bolívar lo determinan las casas de cambio de esa zona, cuyos propietarios dominan además el contrabando de los bienes que sacan ilegalmente de Venezuela. Para esas mafias es necesario comprar un bolívar barato ya que de esa manera obtienen más bolívares por pesos puesto que ellos pagan todo lo que implica el contrabando, en bolívares. Para esas mafias no es negocio comprar dólares para cambiar en bolívares, porque ellos tendrían que comprar el dólar al precio oficial de Colombia y al dividir lo que pagarían por ese dólar oficial entre lo que obtendrían en bolívares en el mercado negro, les saldría el bolívar al mismo precio que ellos lo compran en Cúcuta. Lo que es lógico, ya que la base del cálculo del dólar paralelo respecto al Bolívar está determinada por el valor que las casas de cambio le dan al Bolívar. De manera que queda claro que el negocio de las mafias colombianas que dominan la frontera no es el de comprar dólares para cambiar en bolívares, ya que ella fijan el precio del Bolívar de conformidad con sus intereses; que como ya dijimos, es el de pagar poco por los bolívares que les venden para poder comprar más mercancía de contrabando.
Colombia es el único país que acepta bolívares directamente para cambiar por su moneda nacional. Es decir, los venezolanos no necesitamos cambiar los bolívares en dólares para comprar pesos colombianos. Pero el Gobierno Colombiano permite que las casas de cambio determinen el precio al que comprarán el bolívar, aun cuando el banco central colombiano fija un precio oficial de cambio de la moneda venezolana respecto al peso colombiano. Por ejemplo, para el 13 de diciembre de 2014, el cambio oficial del bolívar respecto al peso era de 201, 87 pesos por cada Bolívar y las casas de cambio en la frontera pagaban sólo 14,10 pesos por Bolívar. Cabe preguntarse: ¿Qué pasa con esa diferencia entre el valor oficial del Bolívar y el valor por la que lo compran las casas de cambio? ¿Quiénes se quedan con esa diferencia? ¿Pudiera ser eso un excedente a favor de los contrabandistas también? De ser así, para las mafias contrabandistas colombianas, la fijación discrecional del valor del Bolívar es un asunto de ganar-ganar.
Bueno ya sabemos que no son las mafias colombianas las creadoras del dólar paralelo, sólo que a raíz de la actividad “legal” de los mafiosos colombianos (me refiero a la de fijar el valor del Bolívar a través de sus casas de cambio), surgió otra mafia que tiene dos propósitos fundamentales; el primero es desestabilizar la economía venezolana y la segunda, y para ellos la principal, obtener con esa actividad desestabilizadora, fabulosas ganancias económicas. Esta mafia está conformada por personas que tienen importantes cantidades de dólares fuera de Venezuela y que además, muchas de ellas siguen recibiendo dólares baratos por del Gobierno Venezolano. En este grupo hay grandes comerciantes y banqueros: Estos mafiosos conociendo lo que ocurre en la frontera, idearon esa forma perversa de crear un “dólar paralelo” con un cálculo sencillo. Su primer objetivo fue el de posicionar su producto (el Dólar Paralelo) en el mercado venezolano. La forma más segura era el internet, además que era evidente el uso importante y creciente que le da a este instrumento comunicacional, la clase media y media alta venezolana que son, buena parte de ellos, pequeños y medianos comerciantes bombardeados a diario por una campaña sicológica que los colocó en un estado de incertidumbre y de miedo, permitía que internet fue el mejor medio para encubrirse y a la vez hacer el trabajo publicitario. Otro elemento que alimentó el caldo de cultivo para el crecimiento de esa perversión llamada dólar paralelo, fueron las fallas en la asignación de divisas y sobre todo en la supervisión respecto a la asignación y su destino. Entonces lanzan su campaña a través de páginas como Lechuga Verde, y otras hasta llegar a DolarToday. Cabe destacar en este punto que se develó recientemente que los que trabajan en esta página, lo hacen desde un apartamento, propiedad del banquero prófugo Eligio Cedeño, ubicado en Miami. Lo cual confirma lo que hemos dicho acerca de quiénes integran esa mafia.
Una vez que logran que en el imaginario colectivo venezolano se tome ese dólar como el que suple la carencia de dólares oficiales, comienzan a vender los dólares que obtuvieron muy baratos a precio de ese fulano “Dólar Paralelo” con lo cual multiplicaron significativamente su patrimonio en bolívares y protegieron esas ganancias comprar bienes inmuebles a granel, por supuesto afectando los precios en el mercado inmobiliario; no sin antes haber influido en la fijación de casi todos precios de bienes y servicios esenciales con la creencia que ese es el precio “verdadero” del dólar respecto al Bolívar, y en un país donde las importaciones de bienes y de materias primas son enormes ese elemento sicológico juega un papel fundamental en la fijación de precios –bueno, en la economía, el aspecto sicológico siempre es determinante, y eso lo saben los enemigos del pueblo-.
Prueba irrefutable que ese dólar paralelo no guarda ninguna relación con el juego de la oferta y la demanda de dólares, es que según una declaración de Francisco Ibarra, director de la firma de consultores Econométrica; en una entrevista que le hicieran para el Nuevo Herald, si el Gobierno venezolano decidiera unificar el tipo de cambio, este año, a una tasa de 40 Bs por dólar, la demanda total de dólares la pudiera cubrir con unos 15 mil millones de dólares, lo cual en teoría, lanzaría al piso el dólar paralelo. Pero resulta que en el 2012, el Gobierno erogó 59 mil millones de dólares y el “dólar paralelo” subió. Es decir, el Gobierno inundó el mercado de dólares y aun así el dólar paralelo subió.
En síntesis, el dólar paralelo fue una creación perversa de enemigos de los venezolanos a quienes no les importa destruir nuestra economía mientras puedan asegurarse fabulosos ganancias, además con la esperanza de volver al país para terminar de saquearlo, si la oposición retoma el poder político.
Posibles soluciones:
Ya está claro que la base de ese castillo de naipes es la facultad que tienen las casas de cambio colombianas para fijar el precio del Bolívar. Si es cierto que las pérdidas del lado colombiano se calculan en unos 330 millones de dólares aproximadamente; del lado venezolano las pérdidas están por el orden de los 5000 millones de dólares al año.
Es evidente que el Gobierno Colombiano está al tanto de esa situación y si de verdad quisiera ayudarnos a combatir el contrabando de extracción y contribuir a sanear la economía de ambos países, obligaría a las casas de cambio a pagar el Bolívar al cambio establecido por el banco central de ese país. Eso colocaría en terapia intensiva al contrabando y destruiría la base de cálculo del dólar paralelo. Así se le cae la fachada seudotécnica en el cálculo del dólar paralelo. Desaparecería, por lo menos, ese tipo de dólar paralelo.
Pero esperar ese acto de buena fe del Gobierno colombiano es a mi juicio, algo ingenuo de nuestra parte, ya que el diferencial en las pérdidas que experimentan ambos países está muy a favor del vecino país, ya que ellos pierden 330 millones de dólares, pero le ingresa 5000 millones de dólares en bienes subsidiados por todos los venezolanos. Vale decir, Todos los venezolanos mantenemos a la mayoría de la población fronteriza que está ubicada en territorio colombiano. ¿Para qué el Gobierno colombiano va a hacer algo para evitar eso? Mientras seamos nosotros quienes le mantenemos a su gente en la frontera, ellos se quitan ese peso. En todo caso esa solución, si bien colocaría el contrabando en terapia intensiva, y asesinaría al Dólar Paralelo que conocemos hoy; al tener Venezuela control de cambio, los dolaresmaníacos se irían a Colombia a cambiar bolívares por pesos y luego comprar dólares allá que les terminaría costando igual que si los compraran en el mercado oficial venezolano; pero como en Colombia no hay control de cambio y los bolívares que se cambian en Colombia ésta se los cambia al Banco Central de Venezuela por dólares, se convertiría eso en una fuga legal de dólares en perjuicio de nuestras reservas internacionales. De manera que la solución de nuestra parte estaría en eliminar ese convenio, y el colombiano que quiera contrabandear, tendrá que hacerlo en dólares, o por lo menos tendrán que adquirir dólares a precio oficial en su país y cambiarlos aquí en Venezuela por bolívares. Ahí muere el contrabando (de bienes, porque el de combustible es más difícil por lo barato que se vende aquí) y muere también el dólar paralelo.
Este es un tema complejo y quedan muchas aristas que podemos analizar, pero creo que hemos tocado la médula del problema para que nuestro pueblo lo entienda, y quienes se vayan a guiar por ese tipo de dólar sepan de dónde sale, a quienes beneficia y sobre todo cuándo nos perjudica a todos los venezolanos. Si les queda un ápice de amor a la patria, no seguirán el juego del Dólar Paralelo. valgo7968@gmail.com
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